Ciudad de México. La tarde del miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados vivió una jornada de intenso debate, marcada por el compromiso y la emoción, al aprobar la reforma al artículo 2º constitucional en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos. Con 483 votos a favor, y tras un debate que se extendió por más de nueve horas, se logró un acuerdo unánime que marca un hito en el reconocimiento de estas comunidades como “sujetos de derecho público”.
La sesión arrancó con la certeza de que el tema no dividiría a los legisladores en cuanto al fondo. Sin embargo, el debate se prolongó debido a la voluntad de numerosos diputados de subir a la tribuna y expresar su postura sobre una reforma que consideraron fundamental para resarcir las históricas deudas con las comunidades indígenas y afromexicanas de México.
Un nuevo estatus jurídico
Uno de los principales logros de la reforma es el reconocimiento de los pueblos originarios como “sujetos de derecho público”. Esto implica que podrán gestionar y ejecutar recursos presupuestales de manera directa, lo cual, en palabras de varios oradores, representa un avance sin precedentes en la autonomía y el respeto hacia estas comunidades.
Cada intervención desde la tribuna resonaba con la idea de que esta reforma, más que un ajuste jurídico, es un acto de justicia. Vanessa López Carrillo, diputada del PT, fue una de las voces más emocionadas, afirmando que la modificación constitucional es un paso crucial en la reconciliación con los pueblos originarios. “Es el rompimiento con las políticas homogeneizadoras del neoliberalismo”, subrayó López, apelando al peso histórico que la reforma representa.
Consulta previa: Un derecho fundamental
Otro aspecto relevante de la reforma es la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas cuando cualquier proyecto, ley o medida administrativa pueda impactar en su territorio o modo de vida. Este derecho, ya presente en instrumentos internacionales, encuentra ahora un reconocimiento claro en la Constitución mexicana, lo que promete fortalecer la voz de los pueblos en las decisiones que los afectan directamente.
La consulta deberá ser “culturalmente adecuada” y realizada “de buena fe”, un mecanismo que busca evitar conflictos y proteger los derechos de las comunidades ante proyectos extractivos o legislativos que podrían modificar su entorno de manera significativa.
Un debate con posturas críticas
Aunque la votación fue prácticamente unánime, no faltaron las voces críticas. Desde la oposición, algunos diputados consideraron que la reforma, si bien significativa, es insuficiente para atender los problemas profundos que aquejan a los pueblos indígenas y afromexicanos. Se planteó la necesidad de garantizar, mediante el presupuesto de egresos, que los recursos destinados a estas comunidades se apliquen de manera efectiva.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, había anticipado un debate más terso, pero la realidad mostró un panorama distinto. Se presentaron 167 reservas al dictamen, ninguna de las cuales prosperó. Sin embargo, la cantidad de propuestas y ajustes presentados refleja la diversidad de intereses y la profundidad del tema.
Una reforma que trasciende
Al caer la noche, el ambiente en San Lázaro se sentía triunfal. Tras la aprobación final, el dictamen fue enviado al Senado para su revisión, donde se espera un camino similar al recorrido en la Cámara de Diputados. Aunque el camino hacia la implementación de esta reforma es largo, la aprobación de esta ley marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas y afromexicanos de México.
El largo debate no solo mostró el interés genuino de los legisladores por contribuir al bienestar de estas comunidades, sino también la complejidad de legislar en un tema que toca fibras profundas de la historia y el presente de México.
“Resarcir la deuda histórica”
El eco de las palabras de Vanessa López Carrillo resonaba en cada esquina del recinto legislativo: “resarcir la deuda histórica”. La aprobación de esta reforma no solo reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, sino que también sienta las bases para un futuro donde estas comunidades puedan ejercer plenamente su autonomía, con voz y voto en el destino de sus tierras y su cultura.
La jornada terminó, pero el reto de convertir esta reforma en una realidad tangible apenas comienza.