Ciudad de México. El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), expresó su firme desaprobación ante el fallo emitido por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que obliga al país a indemnizar a la empresa Odyssey Marine Exploration con 37.1 millones de dólares. El gobierno mexicano anunció que buscará anular esta resolución ante las cortes competentes.
El origen del conflicto se remonta al proyecto de dragado marino en Baja California Sur, promovido por Odyssey, el cual fue rechazado por la Semarnat entre 2016 y 2018 debido a sus posibles afectaciones ambientales. El proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, planeado en el Golfo de Ulloa, consistía en la extracción de 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años. Sin embargo, la ubicación del yacimiento, en un área ecológicamente sensible que alberga especies como la tortuga caguama y ballenas grises y azules, llevó a la negativa de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Odyssey inició un proceso de arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), alegando que la negativa del permiso violaba sus derechos. El fallo del CIADI, aunque no unánime, favoreció a la empresa, otorgándole una compensación significativamente menor de los 3,000 millones de dólares que originalmente exigía. Sin embargo, el Gobierno de México sostiene que las razones ambientales y científicas que sustentaron la negativa de la Semarnat fueron ignoradas en el laudo.
El tribunal, según las autoridades mexicanas, dio un peso excesivo a las declaraciones de dos exfuncionarios de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, presentados como testigos por parte de Odyssey. Estos exdirectivos afirmaron que la negativa de la MIA se debió a motivos políticos, pero México aportó pruebas que demostraban que dichos testigos estaban en conflicto de interés al haber recibido pagos por su testimonio, lo cual, según la defensa mexicana, no fue debidamente valorado por el tribunal.
Uno de los tres árbitros del tribunal emitió una postura disidente, criticando que las “preocupaciones ambientales razonables y serias” presentadas por México fueron deliberadamente ignoradas por la mayoría. Además, calificó el fallo como “inédito e inquietante” y “novedoso en el peor de los sentidos”, resaltando las serias deficiencias en la resolución.
Ante estas irregularidades, la Secretaría de Economía anunció que iniciará un juicio de anulación del laudo, destacando que el gobierno utilizará todos los medios de defensa disponibles para proteger sus recursos naturales y su soberanía.
El proyecto de Odyssey Marine Exploration, cuyos socios incluían a figuras políticas como Diego Fernández de Cevallos y empresarios como Alonso Ancira, enfrentó críticas desde el principio debido a la falta de experiencia de la empresa en el sector minero. Además, las técnicas de dragado propuestas no habían sido implementadas en ningún lugar del mundo, lo que generó mayores dudas sobre su viabilidad y sus impactos.
El Gobierno de México reafirmó su compromiso de proteger el medio ambiente y evitar que proyectos que favorecen a grupos minoritarios se impongan en detrimento de los recursos naturales del país. En las próximas semanas, se publicará el laudo completo en la página del CIADI, mientras el país se prepara para la siguiente fase en su defensa legal.
Esta disputa marca un nuevo capítulo en la batalla por la protección de los recursos naturales en México, donde los intereses económicos y la soberanía ambiental se encuentran en una confrontación que aún está lejos de resolverse.