El Congreso del Estado de Sonora celebró este jueves una sesión ordinaria en la que se abordaron temas cruciales relacionados con la protección de la niñez y adolescencia, así como con la lucha contra el crimen organizado. Los diputados discutieron y aprobaron reformas a leyes clave, encaminadas a salvaguardar los derechos de los menores y combatir su explotación en distintos contextos.
Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y al Código Penal del Estado de Sonora en materia de explotación infantil, presentada por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Esta iniciativa tiene como propósito central la implementación de políticas públicas destinadas a erradicar el trabajo infantil, un problema que ha afectado gravemente a las comunidades más vulnerables de la entidad.
Con la reforma, se adiciona una fracción séptima al artículo tercero y se modifica la fracción primera del artículo 32 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos cambios imponen a las autoridades locales y municipales la responsabilidad de diseñar y ejecutar estrategias que impidan que los menores se vean obligados a realizar actividades de supervivencia en las calles y espacios públicos. Asimismo, los menores deberán ser incluidos en programas sociales que les protejan de la explotación laboral en cualquier modalidad.
A la par, el Congreso también reformó el artículo 168 del Código Penal del Estado de Sonora, endureciendo las sanciones contra quienes utilicen a menores en actividades de explotación o trabajo infantil. La nueva ley establece penas que oscilan entre los cuatro y diez años de prisión, además de multas económicas, para quienes obliguen, faciliten o promuevan la participación de menores en labores que busquen un lucro económico.
La diputada Carmen Miranda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló durante su intervención que esta reforma representa un paso fundamental para garantizar los derechos de los niños y adolescentes de Sonora, además de enviar un mensaje claro de que el estado no tolerará ninguna forma de explotación infantil.
Otro tema clave en la sesión fue la reforma al Código Penal para sancionar el reclutamiento y utilización de personas menores de edad en hechos delictivos, presentada por el diputado Raúl González De la Vega, del Partido Sonorense. Esta iniciativa propone castigar severamente a las organizaciones criminales que emplean a menores en actividades ilícitas, estableciendo penas de entre 12 y 30 años de prisión, además de fuertes multas.
La reforma, que adiciona un Capítulo Segundo BIS al Título Quinto del Código Penal, busca no solo sancionar a quienes reclutan menores para la delincuencia organizada, sino también proteger a estos jóvenes de ser coaccionados o manipulados para formar parte de asociaciones delictuosas. Además, se establece una sanción adicional para aquellos servidores públicos que, aprovechándose de su cargo, participen en estas actividades, quienes serán destituidos de sus funciones e inhabilitados por un tiempo equivalente al de la pena de prisión impuesta.
El diputado González De la Vega enfatizó la urgencia de esta reforma, destacando que la violencia y la delincuencia han afectado profundamente a los jóvenes de Sonora, quienes, por falta de oportunidades, son reclutados por organizaciones criminales. “No podemos permitir que nuestros jóvenes sigan siendo carne de cañón para el crimen organizado. Estas penas severas son necesarias para disuadir a quienes ven en ellos una herramienta fácil para sus actividades ilícitas”, afirmó el legislador.
Con estas reformas aprobadas, el Congreso de Sonora dio un paso firme hacia la protección de la infancia y adolescencia en el estado, en un esfuerzo por garantizar su bienestar y salvaguardar su futuro.