Hace diez años, la vida de cuarenta y tres familias mexicanas fue fracturada para siempre. Los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con sus mochilas llenas de sueños, fueron arrebatados en una noche sombría que parece no tener fin. Ese 26 de septiembre de 2014 marcó el inicio de un dolor inabarcable, un vacío que aún persiste, y una pregunta que nunca ha encontrado respuesta: ¿dónde están?
Desde entonces, la esperanza se ha vuelto un peregrinaje cruel para los padres, un camino que los ha desgastado física y emocionalmente. En estos diez años, varios de ellos han enfermado gravemente; cinco han muerto sin conocer el destino de sus hijos. Las arrugas en sus rostros y la tristeza en sus miradas cuentan la historia de una lucha interminable, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella fatídica noche.
Los relatos oficiales que han intentado imponerse sobre ellos son múltiples, pero ninguno ha ofrecido consuelo. Los gobiernos se han sucedido y con ellos nuevas promesas, nuevas versiones de los hechos. Sin embargo, ninguna ha logrado apaciguar el dolor de las familias, que siguen exigiendo la verdad. La certeza es una sola: esa noche sus hijos fueron atacados, desaparecieron bajo un manto de violencia en el que convergen fuerzas del Estado y del crimen organizado, mientras intentaban tomar autobuses para participar en una marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México.
Un Camino de Lucha y Desgaste
Han sido diez años de marchas, de gritos que se pierden en las calles de la capital y de Guerrero, donde sus pasos nunca se detienen. Las fotos de sus hijos, sostenidas con manos temblorosas, se han convertido en estandartes de su resistencia. Los padres y madres han recorrido más de 120 marchas en la Ciudad de México. Sin importar el frío, el calor o el dolor físico, cada mes levantan la voz para recordarle al país y al gobierno que su búsqueda no ha terminado.
En los primeros años, miles de personas marcharon a su lado, pero con el tiempo, las multitudes se han reducido. Los padres de los 43 estudiantes han quedado rodeados por quienes nunca los abandonaron: otros estudiantes, organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que siguen alzando la voz junto a ellos. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, aún lleva la foto de su hijo cerca del corazón en cada protesta. “Nadie pensó que llegaríamos a 10 años sin saber nada de ellos”, lamenta. “No imaginé que esta lucha sería tan larga”.
El Luto y la Descomposición Familiar
Durante esta década, cinco padres han muerto. El cáncer, el COVID-19 y otras enfermedades crónicas les robaron la posibilidad de volver a ver a sus hijos. En sus hogares, la tristeza se ha asentado como un huésped perpetuo. Las familias se han visto destruidas, no solo por la desaparición de los jóvenes, sino también por el desgaste emocional que ha implicado esta búsqueda. Muchos han perdido sus empleos, han sufrido problemas de salud y se han distanciado de sus seres queridos, atrapados en un ciclo de dolor que parece no tener fin.
Clemente Rodríguez, padre de Christian Alfonso, uno de los pocos estudiantes cuyos restos fueron encontrados, comparte su historia de desmoronamiento. Antes de la tragedia, vendía agua y cuidaba sus animales. Hoy, sufre vértigo y zumbidos constantes en los oídos. Ha dejado de ser el hombre fuerte que solía ser. Su único consuelo es hablar, compartir su dolor con otros, mantener viva la memoria de su hijo en las escuelas y foros que visita.
Para Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, la lucha ha implicado alejarse de su familia. Sus otros hijos la necesitan, pero el deber de buscar a Jorge la obliga a estar ausente. Su nieta, con miedo en los ojos, le ruega que no se vaya a las marchas, temiendo que algo le ocurra. Pero Hilda sabe que debe seguir, pues si no alzan la voz, nadie lo hará por ellos.
El Camino del Gobierno y la Impunidad
El paso del tiempo no ha traído justicia. Los padres y madres siguen enfrentando gobiernos que, a su parecer, les han fallado. Para ellos, Enrique Peña Nieto es el responsable de la desaparición de sus hijos, y Andrés Manuel López Obrador, quien les prometió justicia, ha dejado el caso en la impunidad. María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo, recuerda con indignación cómo en los primeros años, con Peña Nieto, el gobierno les recibió con gas lacrimógeno y construyó la “verdad histórica”, una mentira que pretendía cerrar el caso con la versión de que sus hijos habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Con la llegada de López Obrador, la esperanza resurgió. Pero pronto, esa ilusión se encontró con un obstáculo insalvable: el Ejército. Las investigaciones avanzaron al principio, reconociendo que lo sucedido fue un crimen de Estado, pero ahora parece que el gobierno prefiere proteger a los militares, pese a las evidencias que los involucran en la desaparición de los estudiantes.
Una Lucha Inquebrantable
A pesar de los años de frustración, las familias no se han rendido. Su convicción se mantiene firme: encontrar la verdad, conocer el paradero de sus hijos. Bernabé Abraján, padre de Adán, resume el sentir colectivo: “Si nos caemos, va a ser peleando por nuestros hijos. Ya somos una sola familia de los 43”.
Diez años han pasado, pero la búsqueda no ha terminado. Los padres seguirán marchando, seguirán tocando puertas. Porque mientras ellos respiren, la esperanza de encontrar a los 43 seguirá viva.