En un ambiente tenso y expectante, donde la política mexicana parece estar librando una batalla silenciosa pero constante, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentó ayer a lo que muchos llaman una jugada estratégica del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con ocho votos a favor y tres en contra, decidió que sí tiene la facultad para analizar la constitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial impulsada por la administración pasada. Y aunque este hecho encendió las alarmas en más de un despacho, Sheinbaum lo despachó de manera contundente en su conferencia matutina: “Es un golpe aguado”, declaró, con esa mezcla de desprecio calculado y firmeza política.
La comparación con un golpe de Estado no fue inocente. Desde el estrado de Palacio Nacional, Sheinbaum advirtió que el objetivo de esta maniobra es provocarla, ponerla contra las cuerdas para luego tacharla de autoritaria. Pero la presidenta fue clara en su rechazo a caer en el juego: “No vamos a darles ese gusto”. Su alusión a la provocación fue acompañada por un llamado a la calma y una afirmación repetida con vigor: “No vamos a caer en ninguna provocación”. En esa frase, con cada palabra medida, se dejó entrever la estrategia de un gobierno que, aunque joven, ya ha aprendido a moverse en los laberintos del poder.
Desde el otro lado, los ministros que votaron a favor de revisar la reforma, entre ellos Norma Piña, Margarita Ríos Farjat y Luis María Aguilar Morales, no lo hicieron sin su propio cálculo. En los pasillos del poder, el eco de esa votación resonaba como un desafío directo al Ejecutivo. Sheinbaum no lo dejó pasar: “Los ministros saben que están actuando sin sustento legal, lo saben porque conocen la Constitución. Esto es solo una trampa para enredarnos”.
En ese ambiente cargado de tensiones veladas, la alusión de la ministra Lenia Batres a un “golpe de Estado” no pasó desapercibida. Ella, junto con las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, votaron en contra de admitir la consulta. La advertencia de Batres fue clara: si la Suprema Corte asume facultades que no le corresponden, estaría violando los principios más básicos del constitucionalismo mexicano. Para ella, esta votación es algo más que una simple interpretación jurídica: es una “jugada tiránica”.
A pesar del revuelo, la presidenta insistió en que la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, una de las reformas más controvertidas, seguirá adelante. “Es lo que dicta el Artículo 39 de la Constitución”, recalcó, como si con esa frase pretendiera clavar una estaca en el corazón del debate. La primera elección está prevista para 2025, y ni la SCJN, ni las maniobras de sus ministros, dijo Sheinbaum, podrán detenerla.
En la arena política, otros actores no tardaron en dar su propio veredicto. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acusó a la Corte de autoerigirse en un poder por encima del Legislativo y el Ejecutivo. En su característico tono incendiario, el legislador señaló que el máximo tribunal busca ponerse “por encima del pueblo”. Y añadió, con un retintín desafiante, que ni siquiera “parándose de cabeza” podrán evitar que la reforma siga su curso.
Este capítulo marca una nueva grieta en la relación entre los poderes de la nación. Mientras Sheinbaum sigue afirmando su compromiso con la democracia y el voto popular, la Suprema Corte parece decidida a no ceder sin dar batalla. Lo que está en juego es mucho más que una reforma; es la definición misma del rumbo que tomará el país en los próximos años. Y aunque Sheinbaum descalifica esta votación como un simple “golpe aguado”, la lucha entre ambos frentes apenas comienza.