Ciudad de México, 7 de octubre.– Con un enfoque claro en la transparencia y la equidad, Ernestina Godoy, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, anunció los detalles de la convocatoria general para la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Este proceso, que promete ser uno de los más meticulosos de la historia reciente, comenzará oficialmente el 16 de octubre con la emisión de la convocatoria general.
Durante la conferencia, Godoy desglosó los pasos clave de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ambas diseñadas para regir esta elección crucial. Enfatizó que será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de dictar las normas que regirán las campañas de los aspirantes. Estas normativas incluirán restricciones como la prohibición de adquirir publicidad en radio y televisión, así como un monitoreo exhaustivo para evitar que los candidatos reciban financiamiento externo. “No podrán utilizar recursos de otras instancias ni distribuir utilitarios, únicamente trípticos con sus propuestas”, explicó.
Godoy también destacó que el INE supervisará que ningún partido político interfiera en las campañas. El objetivo es asegurar que la selección de jueces, magistrados y ministros se mantenga imparcial y sin influencia partidista, consolidando un modelo transparente y libre de corrupción.
El calendario de actividades también fue detallado. A partir del 16 de octubre, los tres poderes de la Unión deberán conformar sus respectivos comités de evaluación, los cuales serán los encargados de revisar las candidaturas y verificar que los aspirantes cumplan con todos los requisitos. Estos comités estarán formalmente instalados el 31 de octubre. Desde ese momento, comenzarán a trabajar en la evaluación exhaustiva de los postulantes, asegurándose de que el proceso sea riguroso y objetivo.
El registro de aspirantes dará inicio el 24 de noviembre, y la evaluación culminará el 15 de diciembre. A partir del 4 de febrero, los comités de evaluación seleccionarán a los finalistas, y el día siguiente, el 5 de febrero, se llevará a cabo un proceso de insaculación pública, es decir, una selección al azar para determinar quiénes serán los candidatos oficiales. El 7 de febrero se darán a conocer los listados definitivos, y el 12 de febrero se entregarán al INE para que comience la organización de las elecciones.
En cuanto a las entidades federativas, Godoy subrayó que, conforme a la reforma judicial, cada estado deberá armonizar su constitución local para permitir la elección de jueces y magistrados estatales. Las entidades tienen dos opciones: realizar esta elección en dos fases (una en 2025 y otra en 2027) o realizarla de manera íntegra en 2027. “Los institutos electorales locales deberán ajustar sus propios procesos para organizar estas elecciones”, agregó la Consejera.
Este proceso de elección judicial representa un paso significativo hacia la modernización y democratización del Poder Judicial en México, con un enfoque en la transparencia, la imparcialidad y el respeto a la ley.
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