Durante la conferencia de prensa celebrada este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló los alcances de las reformas constitucionales en materia energética y ferroviaria, subrayando que el objetivo principal es devolver al Estado su papel central en ambos sectores. Con énfasis, destacó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperarán su carácter de empresas públicas al servicio de la nación, alejadas del enfoque mercantil que se les impuso en la reforma energética de 2013.
Sheinbaum explicó que, con las reformas propuestas, se eliminará la categoría de “empresas productivas del Estado” que, según afirmó, equiparaba a estas compañías con empresas privadas, obligándolas a regirse por el derecho mercantil. En cambio, se busca que CFE y Pemex operen bajo el derecho público, recuperando su función estratégica y su prioridad en la generación y suministro de energía eléctrica y combustibles.
“No estamos en contra de la productividad, sino de las reglas que se les impusieron que dificultaban su eficiencia,” afirmó Sheinbaum, aclarando que la reforma no solo fortalecerá la soberanía energética de México, sino que también permitirá que el 54% de la generación eléctrica quede en manos de la CFE, mientras que el sector privado participará con el 46%, bajo un esquema regulado.
La mandataria también respondió a las críticas de ciertos sectores empresariales que han mostrado resistencia a la reforma, señalando que la prioridad del gobierno es garantizar un sistema energético que favorezca el interés público. “No se trata de pelear, sino de explicar las nuevas reglas,” subrayó, anunciando que los contratos con el sector privado serán respetados, pero revisados en el contexto del nuevo marco normativo.
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que la reforma energética de 2013 creó condiciones desfavorables para la operación de Pemex y CFE, permitiendo que empresas privadas dominaran áreas estratégicas en detrimento del Estado. González afirmó que el cambio de enfoque hacia la rentabilidad económica perjudicó la misión de servicio público de estas empresas, particularmente en la planificación y confiabilidad del suministro eléctrico.
Soberanía energética y trenes de pasajeros
En la misma conferencia, el director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, abordó la reciente aprobación de la reforma al artículo 28 constitucional, que restituye al Estado el control sobre las vías ferroviarias para el transporte de pasajeros. Según explicó Lajous, esta modificación permitirá al Estado mexicano operar trenes de pasajeros mediante empresas públicas o concesiones, lo que contribuirá a la reconexión de comunidades a través de las vías férreas.
Sheinbaum añadió que se prevé una inversión de 150 mil millones de pesos para 2025, destinada a la ampliación del sistema ferroviario sin necesidad de endeudamiento, gracias a los ahorros generados por la política de austeridad del gobierno federal. “El transporte ferroviario de pasajeros es prioritario para el Estado,” afirmó la presidenta, destacando que la reforma garantizará una mayor conectividad y movilidad para la población.
En conclusión, las reformas energéticas y ferroviarias, según el gobierno, apuntan a recuperar el control estatal sobre sectores estratégicos y a fortalecer el servicio público, en línea con el proyecto de soberanía nacional impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum.