En un ambiente que podría ser calificado como un juego de ajedrez político, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una encrucijada que le exige decidir y justificar si acata o no la orden judicial de suspender el proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros. Este delicado dilema se convirtió en el centro de atención durante la contramañanera de los juzgadores federales, donde la tensión se palpó en el aire.
“El INE tiene que tomar decisiones sobre cuál camino seguirá”, subrayó el magistrado Juan José Olvera López, consciente de que las decisiones de los consejeros electorales no son un mero trámite. Como si se tratara de una obra teatral en la que todos los actores deben cumplir con su papel, los consejeros deberán motivar y justificar cada uno de sus pasos en este complicado escenario. “No estamos frente a una decisión irrelevante; estamos ante una cuestión que impacta a uno de los tres poderes de la República y que, en este momento, está en debate”, continuó Olvera, reflejando la gravedad de la situación.
La controversia se intensificó tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) del miércoles, que, según el magistrado, no implica un pronunciamiento sobre las suspensiones de amparo. Este juego de palabras y argumentos legales parece diseñado para confundir más que aclarar. El magistrado Felipe de la Mata, en un proyecto aprobado por mayoría, dejó claro que “es inconstitucionalmente inviable que el INE suspenda procesos electorales, especialmente de personas juzgadoras”, enfatizando la necesidad de certeza jurídica en medio del caos.
Sin embargo, el magistrado también fue contundente al señalar que “los jueces de amparo no resuelven temas electorales y no deberían involucrarse”. El TEPJF se erige como el órgano definitivo en materia electoral, lo que deja a los magistrados con una clara directriz, aunque no exenta de contradicciones. “Puede no gustarnos la reforma judicial, podemos estar en contra del sistema, pero tenemos que acatar lo que dice la Constitución”, añadió, recordando que el deber de respetar la ley es ineludible, incluso para aquellos que están en desacuerdo.
A medida que se acerca el momento de la verdad, el INE se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar la ley y la política, todo mientras el público observa con expectación. En esta escena, el papel del INE se convierte en un reflejo de las complejidades del sistema judicial mexicano, donde cada movimiento puede tener repercusiones significativas. El eco de las decisiones y las justificaciones resuena en un contexto donde la independencia y la legalidad son fundamentales, pero la confusión reina. Así, la intriga continúa, y el futuro del proceso electoral para el Poder Judicial pende de un hilo.