A un día de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para invalidar puntos clave de la reciente reforma judicial, jueces y legisladores federales presentaron recursos de amicus curiae en contra de la enmienda. Estos documentos, firmados por miles de ciudadanos y figuras del ámbito jurídico, buscan aportar argumentos para que la Corte reconsidere la reforma.
El primer recurso fue entregado a la Oficialía de Partes de la Corte a las 11:00 horas por integrantes de Movimiento Ciudadano (MC), respaldado por 7,000 firmas recabadas principalmente a través de redes sociales, con la expectativa de sumar otras 3,000. La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla, acompañada del diputado Juan Armando Ruiz Hernández, expresó que esta acción representa el descontento ciudadano frente a la reforma, la cual, según ella, no es un mandato de la “soberanía popular”, sino una imposición del expresidente de la República y del Poder Ejecutivo actual.
Ballesteros Mancilla detalló que el amicus curiae denuncia varias irregularidades en el proceso legislativo que aprobó la reforma el pasado 15 de septiembre. Entre estas se mencionan un quórum dudoso en la sesión, realizada en un gimnasio y sin mecanismos adecuados para verificar la identidad y legitimidad de los votantes; la presencia de asesores y personal administrativo que sustituyeron a legisladores de Morena durante la votación; y la falta de un parlamento abierto, a pesar de la solicitud de diversas organizaciones juveniles para garantizar transparencia y participación ciudadana en el proceso.
Más tarde, Magdalena Victoria Oliva, jueza quinto de distrito en ejecución de penas de la Ciudad de México, presentó otro recurso amicus respaldado por 14 jueces nacionales e internacionales. Este documento defiende las facultades de la SCJN para analizar y decidir sobre la reforma constitucional sin vulnerar el equilibrio de poderes en el país.
“Establecemos argumentos a nivel nacional e internacional para mostrar cómo esta reforma afecta la estructura fundamental del Estado de Derecho y por qué la SCJN tiene la competencia para intervenir en este caso”, explicó Oliva, reforzando la posición de que la Corte puede y debe revisar la reforma.