A pesar de estar publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta un último obstáculo: la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Magistrados de la Ciudad de México señalaron que, como máximo intérprete de la Constitución, la Corte debe revisar su constitucionalidad, y su voto será clave para definir el futuro de esta enmienda.
En la llamada “Conferencia de los Jueces”, la magistrada Edna Lorena Hernández Granados enfatizó que la SCJN no busca legislar, sino únicamente decidir si la reforma se alinea con la Constitución. “La Corte no va a decir cómo debe quedar la reforma; solo determinará si lo aprobado es constitucional o no”, explicó. Según Hernández Granados, la SCJN se encuentra ejerciendo su deber al analizar las impugnaciones presentadas por partidos políticos y congresos estatales. Para ella, esta revisión es necesaria y permite al máximo tribunal proteger los derechos ciudadanos ante una posible inconstitucionalidad.
La magistrada también desmintió las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sugirió que la Corte intenta legislar. “Los jueces no van a elección popular; su labor es técnica, fundamentada en una carrera judicial y en una rigurosa capacitación, todo en beneficio de los justiciables”, señaló Hernández Granados. Reiteró que la reforma pone en riesgo derechos básicos, y que el papel de la Corte es defender al pueblo de actos legislativos que, según ella, pueden afectar el acceso a la justicia.
Por su parte, la magistrada Julia del Carmen María García González advirtió sobre una crisis en el Poder Judicial, alimentada por el hecho de que autoridades no están acatando suspensiones otorgadas en amparos contra la reforma judicial. “Las suspensiones no son nuevas; son una norma estable que debe acatarse, y el incumplimiento de estas podría señalar una crisis constitucional que debería preocuparnos”, declaró.
García González destacó que la reforma ha generado un enfrentamiento entre los poderes, en el cual la SCJN debe ser el árbitro final. Sin embargo, al tratar de desviar la responsabilidad hacia la Corte, algunos están eludiendo su propia responsabilidad en el proceso. “Estas acciones de inconstitucionalidad afectan aspectos como la lista de jueces, el presupuesto y otras disposiciones que, a su vez, derivan de la misma reforma”, puntualizó.
Además, el magistrado José Manuel Torres Ángel se mostró alarmado ante la posible apertura de carpetas de investigación contra jueces que han otorgado suspensiones contra la reforma. “Si esta persecución es real, sería una señal preocupante de autoritarismo, y espero que no lleguemos a este punto”, afirmó Torres Ángel, quien recalcó que dicha situación va en contra de los principios de un Estado democrático.
Finalmente, los magistrados expresaron su preocupación por la reciente designación de Arturo Zaldívar y Javier Quijano Baz, ambos con antecedentes políticos, en altos cargos relacionados con la reforma. Según los magistrados, estas decisiones ponen en duda la imparcialidad y objetividad de los nuevos responsables, comprometiendo la transparencia en el proceso de implementación de la reforma judicial.
En conclusión, los magistrados sostienen que la SCJN se encuentra en una posición crucial para proteger los derechos ciudadanos, y su revisión de la reforma podría ser el último paso para asegurar el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho en el país.