Desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Poder Judicial ha mostrado resistencia a algunas de las reformas clave impulsadas por el Ejecutivo, incluidas las reformas constitucionales, leyes estructurales, proyectos de infraestructura y la reforma del propio Poder Judicial. Ante este panorama, expertos y analistas han comenzado a señalar la posible aparición de un proceso de lawfare en México, especialmente en relación con la figura de Claudia Sheinbaum, quien podría convertirse en la primera presidenta del país.
El término lawfare, una combinación de las palabras “law” (ley) y “warfare” (guerra), se refiere al uso de los sistemas judiciales y mediáticos como instrumentos para minar o anular proyectos políticos, figuras públicas e incluso partidos que desafían ciertos intereses económicos, políticos y geopolíticos. Según el general estadounidense Charles Dunlap, quien introdujo el concepto, lawfare describe una “guerra no convencional” donde las leyes se emplean para alcanzar objetivos que de otro modo serían imposibles.
¿Cómo opera el lawfare?
El lawfare se manifiesta a través de una alianza entre sectores judiciales y mediáticos, donde las causas judiciales se inician con una narrativa de combate a la corrupción o protección del Estado de Derecho. Sin embargo, los objetivos de esta “guerra jurídica” suelen extenderse hacia la deslegitimación o inhabilitación de figuras políticas, movimientos sociales e incluso formas de protesta. Medios de comunicación masivos juegan un papel crucial, estableciendo “matrices de opinión” que construyen una percepción negativa en torno a los blancos del lawfare. La manufacturación de consenso es clave para ganar apoyo de la opinión pública en momentos específicos, como elecciones, comienzos de administraciones o crisis políticas por escándalos de corrupción.
Desde la década de los noventa, instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos han promovido reformas judiciales en América Latina con el argumento de “combatir la corrupción”. Sin embargo, los críticos señalan que, en algunos casos, este combate a la corrupción ha servido de pretexto para respaldar políticas económicas neoliberales y reforzar el poder judicial como un “tercer actor” que se coloca por encima de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Ejemplos en América Latina: Brasil, Argentina y Ecuador
América Latina ofrece múltiples ejemplos del uso de lawfare como herramienta de control. En Brasil, el caso de Luiz Inácio Lula Da Silva es emblemático: fue encarcelado en 2018 por cargos de corrupción que más tarde se demostrarían infundados, impidiéndole competir en las elecciones de 2019, que ganó Jair Bolsonaro. Sergio Moro, el juez que condenó a Lula, fue capacitado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y tras el juicio, el país vivió una era de privatización masiva bajo el mandato de Bolsonaro.
Argentina y Ecuador son otros ejemplos donde el lawfare ha sido utilizado para cercar a figuras políticas progresistas. En el caso de Cristina Fernández en Argentina, y Rafael Correa en Ecuador, se han registrado causas judiciales con acusaciones de corrupción y otras faltas que muchos consideran infundadas o exageradas, lo cual ha debilitado sus liderazgos y movimientos políticos. La selectividad judicial y la fabricación de pruebas, como en el caso argentino de la “Causa Cuadernos”, han sido elementos recurrentes de estos procesos.
¿México, rumbo al lawfare?
En México, voces de analistas y académicos advierten que Claudia Sheinbaum podría ser el próximo objetivo de un proceso de lawfare. El uso de acusaciones judiciales o mediáticas podría ser una herramienta para debilitar a la figura política más visible de la administración de López Obrador y evitar la continuidad de su proyecto de transformación. Sin embargo, es importante diferenciar que no todo proceso judicial constituye lawfare: para que se considere como tal, debe cumplir con ciertas características, como la persecución política evidente, la fabricación de pruebas, la intervención de medios de comunicación para formar consensos en la opinión pública y el respaldo de intereses externos.
El lawfare también responde a una lógica económica y geopolítica, ya que en muchos casos es utilizado para consolidar modelos neoliberales en la región. La creciente relación de México con Estados Unidos y los posibles cambios en su panorama político plantean preguntas sobre si el país se verá envuelto en un proceso similar.
Reflexión final
A medida que el poder judicial continúa posicionándose en escenarios que solían estar reservados para el ámbito político, el equilibrio de poderes en América Latina sigue tambaleándose. Casos recientes demuestran que el lawfare es una amenaza real para los líderes progresistas de la región, y México podría estar al borde de experimentar su propia versión de esta “guerra jurídica”. Con una estrategia basada en la selectividad judicial y el apoyo mediático, el lawfare es una herramienta moderna de presión que redefine el concepto de justicia en el continente.