México se alista para llevar a cabo un proceso electoral sin precedentes en 2025, en el que por primera vez los ciudadanos participarán directamente en la elección de jueces, magistrados y ministros, tras la reforma al Poder Judicial promulgada en septiembre de 2024. Esta reforma, que reconfigura la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca fortalecer la eficiencia y la transparencia del sistema judicial.
El proceso comienza con una fase de insaculación. El 12 de octubre de 2024, el Senado realizó una selección aleatoria de vacantes judiciales mediante el uso de una tómbola. Este método marcará el inicio de un proceso electoral que involucra la elección de más de 850 cargos judiciales, y que culminará en junio de 2025, con la elección de altos funcionarios del Poder Judicial.
El proceso electoral tendrá varias etapas. A más tardar el 4 de febrero de 2025, se conocerán las candidaturas, las cuales serán seleccionadas a través de postulaciones presentadas por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A partir del 30 de marzo y hasta el 18 de mayo, se llevará a cabo el período de campañas electorales, en el que los ciudadanos podrán conocer a los aspirantes.
La jornada electoral se celebrará el 1 de junio de 2025. Las casillas estarán abiertas de 08:00 a 18:00 horas, siguiendo el esquema habitual de los procesos electorales en México. Según simulacros realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE), se estima que el proceso de votación no tomará más de 10 minutos, a pesar de que los ciudadanos deberán emitir su voto en seis boletas, cada una correspondiente a un cargo específico.
En cuanto al diseño electoral, el INE ha aprobado cuatro tipos de boletas, que serán impresas en papel de seguridad. Estas boletas se distinguirán por colores: morado para la SCJN, verde para el Tribunal de Disciplina Judicial, azul para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y naranja para las Salas Regionales del TEPJF.
El proceso de insaculación de aspirantes también se ha llevado a cabo en el ámbito del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con la selección de más de 2,100 aspirantes a cargos judiciales. Estos aspirantes pasarán por un proceso de evaluación y selección para conformar las listas finales de candidatos, que serán presentadas ante el Congreso de la Unión.
Este proceso electoral marca un hito en la historia de México al ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de incidir directamente en la composición del Poder Judicial, abriendo la puerta a una nueva etapa en la política judicial del país.