El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, aseguró este 4 de febrero que ningún ciudadano mexicano será deportado por Estados Unidos al centro de detención en la base naval de Guantánamo, Cuba. Durante una rueda de prensa, De la Fuente afirmó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado una nota diplomática a Washington reiterando su disposición a recibir a todos los mexicanos deportados que así lo deseen. “Bajo ninguna circunstancia un mexicano o mexicana irá a Guantánamo”, declaró.
El centro de detención en Guantánamo, originalmente construido para albergar a presuntos terroristas vinculados con los ataques del 11 de septiembre de 2001, recibió este martes su primer vuelo con migrantes arrestados, según informó el canal Fox Business. Sin embargo, el canciller mexicano subrayó que su país mantiene una postura firme en la defensa de la soberanía y los derechos de sus ciudadanos.
De la Fuente destacó la importancia del diálogo y la cooperación bilateral, mencionando los acuerdos alcanzados entre Sheinbaum y el presidente estadounidense, Donald Trump, en materia de seguridad fronteriza y control migratorio. “La soberanía no se negocia bajo ninguna circunstancia”, afirmó, al tiempo que resaltó la colaboración en temas como el tráfico de drogas, armas y migrantes.
El canciller también mencionó que mantiene una comunicación constante con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio, con quien ha sostenido conversaciones “francas y cordiales”. Además, defendió los resultados del acuerdo de libre comercio de Norteamérica, calificándolos de “absolutamente inobjetables”.
En cuanto a las deportaciones, De la Fuente señaló que México ha recibido a más de 6,000 personas deportadas desde Estados Unidos entre el 20 y el 28 de enero, cifra que no supera los niveles registrados durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025). La mayoría de los deportados son connacionales mexicanos.
La medida de Trump de establecer un centro de detención en Guantánamo para inmigrantes ilegales considerados “criminales de alta prioridad” ha generado controversia. El decreto, firmado a finales de enero, ordena al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional crear un espacio con capacidad para 30,000 personas. Sin embargo, México ha dejado claro que no permitirá que sus ciudadanos formen parte de este esquema.