En un giro significativo en su política agrícola, el gobierno mexicano ha eliminado las restricciones al comercio de maíz genéticamente modificado (transgénico) y al uso del herbicida glifosato. La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), responde a un fallo del panel de solución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que en diciembre de 2023 determinó que las medidas impuestas por México carecían de fundamento científico y violaban los acuerdos comerciales.
El “Acuerdo por el que se deja sin efectos la aplicación de diversas disposiciones sobre maíz genéticamente modificado”, firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, deroga artículos clave de un decreto emitido en febrero de 2023. Dicho decreto prohibía el uso de maíz transgénico para consumo humano y ordenaba a las agencias gubernamentales sustituirlo gradualmente. Sin embargo, la presión ejercida por Estados Unidos, respaldada por el fallo del T-MEC, ha obligado a México a revertir su postura.
El conflicto comenzó en agosto de 2023, cuando Estados Unidos impugnó las restricciones mexicanas ante el panel del T-MEC, argumentando que estas medidas afectaban el acceso al mercado acordado en el tratado. Tras meses de deliberaciones, el panel falló a favor de Washington, respaldando las siete reclamaciones presentadas por el país norteamericano. Aunque México expresó su desacuerdo con la decisión, reiteró su compromiso de cumplir con las disposiciones del tratado, subrayando que el mecanismo de solución de controversias es “una pieza clave” del acuerdo trilateral.
Este retroceso en la política mexicana ha generado incertidumbre sobre el futuro de su estrategia agrícola y su relación comercial con Estados Unidos. Aunque el gobierno mexicano ha mostrado disposición para acatar el fallo, la continuidad del T-MEC no está exenta de desafíos. El tratado será revisado en 2026, en un contexto marcado por tensiones políticas y económicas entre ambos países, que trascienden lo comercial y abarcan temas como la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico.
Además, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha advertido sobre los riesgos de implementar medidas arancelarias, que podrían afectar la estabilidad económica de la región. Con el 80 % de las exportaciones mexicanas destinadas al mercado estadounidense, cualquier alteración en las relaciones comerciales podría tener consecuencias significativas para la economía mexicana y los avances logrados en años de cooperación trilateral.
Mientras tanto, la decisión de levantar las restricciones al maíz transgénico ha reabierto el debate sobre los impactos ambientales, de salud y económicos de los cultivos modificados genéticamente, dejando en evidencia las tensiones entre la soberanía alimentaria y los compromisos comerciales internacionales.