En un acto que refleja la arrogancia del poder imperial y la complicidad del capitalismo global, Donald Trump, fiel marioneta del genocida Benjamin Netanyahu, ha anunciado sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. ¿El motivo? La CPI ha osado investigar los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza, un territorio devastado por décadas de ocupación y violencia sistemática. Este movimiento no es más que un intento desesperado por proteger a un régimen que ha convertido la impunidad en política de Estado.
Pero esto no es nuevo. En 2020, Trump ya había impuesto sanciones a los jueces de la CPI por investigar los crímenes de guerra del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. Estas acciones no son simples caprichos de un presidente; son la expresión de un sistema neoliberal que prioriza el poder y el control sobre la justicia y los derechos humanos. Estados Unidos, autoproclamado defensor de la democracia, tiene una ley que lo dice todo: la Ley de Invasión de La Haya. Esta legislación, casi desconocida para el público general, autoriza a EE.UU. a invadir los Países Bajos y asaltar con tanques el edificio de la CPI si algún miembro de su gobierno es juzgado por crímenes de guerra. ¿Qué clase de “justicia” internacional puede existir cuando una nación se coloca por encima de la ley?
Esta es la cruda realidad del orden mundial actual: un sistema donde las potencias capitalistas y sus aliados operan con total impunidad, mientras las instituciones diseñadas para garantizar justicia son intimidadas, cooptadas o directamente ignoradas. La CPI, creada para juzgar los crímenes más atroces, se ha convertido en un títere más de la geopolítica neoliberal, donde los poderosos dictan las reglas y los débiles son castigados por intentar hacerlas cumplir.
La alianza entre Trump y Netanyahu no es casual. Ambos representan lo peor del capitalismo depredador: un sistema que se beneficia de la guerra, la ocupación y la explotación, mientras silencia a quienes intentan denunciar sus atrocidades. Gaza, con su población sitiada y masacrada, es un ejemplo claro de cómo este sistema opera: destruye vidas, arrasa comunidades y luego castiga a quienes buscan justicia.
En este contexto, la credibilidad de la “justicia” internacional es una farsa. Mientras Trump y Netanyahu continúan su reinado de terror, la CPI y otras instituciones similares son reducidas a meros espectadores, incapaces de actuar frente a la maquinaria imperialista. La pregunta que queda es: ¿cuánto más tendrá que sufrir el mundo antes de que este sistema corrupto y opresivo sea finalmente desmantelado? La respuesta, como siempre, dependerá de la resistencia y la lucha de aquellos que se niegan a aceptar la injusticia como norma.