En un esfuerzo por hacer frente a una crisis que ha cobrado miles de vidas, el consultor jurídico de la Cancillería mexicana, Pablo Arrocha, se reunió en Washington D.C. con los abogados que representan a México en las demandas contra fabricantes y vendedores de armas en EEUU. El objetivo: preparar la audiencia del 4 de marzo en la Corte Suprema de EEUU, donde se decidirá si estas empresas gozan de inmunidad a pesar de las prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilícito de armas hacia México.
Según un reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Arrocha sostuvo una reunión de trabajo con Jonathan Lowy, presidente de Global Action Against Gun Violence, y el abogado Steve Shadowen, quienes representan a México en dos demandas clave. La primera, presentada en 2021 en Boston, Massachusetts, involucra a ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas. La segunda, interpuesta en 2022 en Tucson, Arizona, se dirige contra cinco tiendas de armas en ese estado fronterizo.
México argumenta que estas empresas han cometido actos negligentes que permiten el flujo ilegal de armas hacia su territorio, donde terminan en manos del crimen organizado. Datos recientes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU estiman que anualmente se trafican ilegalmente alrededor de 200.000 armas desde EEUU hacia México. Esta cifra no solo es alarmante, sino que refleja una correlación directa entre la venta descontrolada de armas en EEUU y el aumento de la violencia en México.
En el marco de las negociaciones con el gobierno de Donald Trump, México ha insistido en la necesidad de una colaboración bilateral para frenar el tráfico ilegal de armas, al mismo tiempo que se combate a las organizaciones de tráfico de drogas. Sin embargo, la realidad es que, mientras México lucha por contener la violencia, EEUU parece más interesado en proteger los intereses de su industria armamentística que en abordar las consecuencias de sus políticas laxas.
Un estudio reciente del investigador Omar García-Ponce, profesor de relaciones internacionales y ciencias políticas en la Universidad de George Washington, revela que en solo cuatro estados fronterizos con México —Arizona, California, Texas y Nuevo México— hay más de 9.000 establecimientos que venden armas, muchas de ellas de alto poder de fuego. Texas, en particular, concentra la mayor cantidad de estos locales, con ciudades como San Antonio y Houston a solo unos kilómetros de la frontera con Tamaulipas.
García-Ponce, en entrevista con Sputnik, destacó que el número de tiendas de armas en la frontera con México ha crecido “significativamente” en los últimos 20 años, especialmente después de que se levantó la prohibición de rifles de asalto en la mayoría de los estados de EEUU. Según el experto, en la última década se han abierto aproximadamente 1.000 nuevos locales expendedores de armas en estos cuatro estados, lo que ha facilitado aún más el tráfico ilegal hacia México.
Este caso no solo expone la negligencia de las empresas armamentísticas estadounidenses, sino también la complicidad de un sistema que prioriza los intereses económicos sobre la vida humana. Mientras México presenta pruebas y argumentos sólidos en la Corte Suprema, EEUU se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto está dispuesto a proteger a una industria que alimenta la violencia en su vecino del sur?
La audiencia del 4 de marzo no solo será un momento crucial para México, sino también una prueba de fuego para la justicia en EEUU. Si la Corte Suprema decide otorgar inmunidad a estas empresas, no solo estaría avalando prácticas negligentes, sino también enviando un mensaje claro: en el juego de la geopolítica, las vidas perdidas en México son un precio que EEUU está dispuesto a pagar.