El relato oficial en Estados Unidos ha construido un enemigo conveniente: los inmigrantes. Desde los púlpitos políticos y las pantallas de noticias se repite sin descanso que el tráfico de fentanilo es culpa de quienes cruzan la frontera. Sin embargo, la realidad, sustentada en datos, desmonta esta ficción.
Según un informe del Cato Institute, el 89% de los traficantes de fentanilo condenados en 2022 eran ciudadanos estadounidenses. No solo eso: el 99% de los consumidores que sostienen este negocio son también estadounidenses. En otras palabras, el problema del fentanilo es un fenómeno autogenerado, pero la narrativa política insiste en culpar a los de afuera.
Mientras los discursos alarmistas señalan a los solicitantes de asilo como responsables, las estadísticas cuentan otra historia: el 93% del fentanilo incautado en 2023 fue decomisado en cruces legales, donde quienes lo transportan no son migrantes en busca de refugio, sino ciudadanos que no despiertan sospechas en las aduanas. De hecho, solo el 0.009% de las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza llevaba fentanilo.
La demonización de los migrantes ha servido como excusa para cerrar el asilo y militarizar las fronteras, mientras el consumo de opioides sigue en aumento. Paradójicamente, cuando en 2020 y 2021 el gobierno restringió los cruces fronterizos legales, el tráfico de fentanilo no se redujo: se cuadruplicó. Esto demuestra que el problema no está en quienes huyen de la violencia, sino en un modelo que prioriza la criminalización sobre las soluciones reales.
La crisis del fentanilo no es culpa de quienes buscan sobrevivir cruzando la frontera. Es un reflejo de una sociedad que no quiere mirar hacia adentro. Mientras el sistema siga negando tratamiento a las personas con adicción y se prioricen medidas punitivas en lugar de soluciones, la epidemia seguirá cobrándose vidas. Pero en lugar de buscar respuestas, el juego político prefiere fabricar culpables.