La llegada al poder de Donald Trump marcó un punto de inflexión en las políticas migratorias de Estados Unidos, dejando al descubierto las contradicciones de un sistema que se jacta de ofrecer refugio mientras cierra sus puertas a quienes más lo necesitan. En su segundo mandato, Trump ha comenzado a desmantelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes, iniciando con Venezuela, cuya población beneficiaria —348.202 personas— enfrenta ahora la amenaza de deportación antes del 7 de abril.
El anuncio generó indignación entre la comunidad venezolana en Estados Unidos, especialmente tras la suspensión simultánea del parole humanitario implementado bajo el gobierno de Joe Biden. Para muchos, esta decisión no solo representa una traición, sino una instrumentalización política de sus vidas. “Nos sentimos usados”, declaró Adelys Ferro, líder de la organización Venezuelan American Caucus, durante una rueda de prensa en Miami, epicentro de la diáspora venezolana en el sur de Florida.
Las críticas apuntan a la incongruencia de enviar a cientos de miles de personas a un país que el propio gobierno estadounidense califica como una “dictadura”. Aunque la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumenta que hay “mejoras notables” en Venezuela, estas afirmaciones contrastan con la realidad documentada por organismos internacionales y el propio Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración anterior. La crisis humanitaria en Venezuela persiste, con millones de personas sin acceso a alimentos, medicinas o servicios básicos, y un éxodo masivo que supera los 7,89 millones de personas.
Para Mayra Marchán, activista de All For Venezuela, la situación es devastadora. “¿Cómo van a sobrevivir si pierden sus trabajos, su seguro médico o incluso el derecho a educar a sus hijos?”, cuestionó, recordando historias como la de una joven venezolana que necesita un kit quirúrgico para tratar un tumor cerebral, algo impensable en un sistema colapsado como el de Venezuela.
Mientras tanto, la retórica oficial señala a la comunidad venezolana como una amenaza potencial, vinculándola sin fundamento al Tren de Aragua, una organización criminal que opera en ambos países. Sin embargo, datos oficiales demuestran que quienes poseen TPS están sujetos a rigurosos controles biométricos y penales, lo que hace improbable su participación en actividades ilícitas. “Estamos siendo señalados injustamente”, denunció Helene Villalonga, quien advierte sobre la estigmatización creciente hacia los venezolanos.
Este endurecimiento migratorio ocurre en paralelo a gestos diplomáticos inesperados hacia el gobierno de Nicolás Maduro. El 10 de febrero, dos aviones con 190 deportados aterrizaron en Caracas, en un contexto de negociaciones que incluyen la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos. Sin embargo, figuras como Marco Rubio han negado cualquier reconocimiento político a Maduro, subrayando la ambivalencia de estas acciones.
En última instancia, esta política refleja un modelo que prioriza la exclusión sobre la solidaridad, perpetuando un ciclo de desigualdad y abandono. Para los venezolanos afectados, el mensaje es claro: después de haber huido de una crisis sin precedentes, ahora enfrentan una nueva persecución, esta vez en el lugar que alguna vez consideraron un refugio.