El Senado de México aprobó por unanimidad la entrada de 10 militares estadounidenses al país para participar en un programa de entrenamiento dirigido a fortalecer las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales de la Secretaría de Marina (Semar). El adiestramiento, denominado “Fortalecer la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales”, se llevará a cabo en el estado de Campeche, en el sureste del país, del 17 de febrero al 28 de marzo.
Esta colaboración no es nueva, ya que las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos han mantenido una relación de cooperación, particularmente en el ámbito naval, durante varios años. Sin embargo, la decisión del Senado llega en un contexto delicado, marcado por la reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que declara a los cárteles de droga mexicanos como “organizaciones terroristas”. Esta medida ha generado preocupación en México, ya que podría abrir la puerta a operaciones conjuntas entre fuerzas estadounidenses y mexicanas en territorio nacional.
En un comunicado, el Senado mexicano subrayó que este proceso de modernización y cooperación bilateral “no debe traducirse en una dependencia excesiva de tecnología o entrenamientos externos, ni en la subordinación de nuestras decisiones estratégicas a intereses ajenos a México”. Además, enfatizó la necesidad de transparencia y rendición de cuentas para asegurar que esta colaboración se alinee con los intereses nacionales y no comprometa la soberanía del país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su apoyo a la cooperación bilateral con Estados Unidos, pero ha dejado claro que esto no debe implicar subordinación ni violación de los principios de soberanía. Sheinbaum también ha manifestado su desacuerdo con la designación de los cárteles como “organizaciones terroristas”, una postura que refleja la preocupación del gobierno mexicano por mantener el control sobre sus propias políticas de seguridad.
A pesar de estas tensiones, ambos países han avanzado en su colaboración en materia de seguridad. El 3 de febrero, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron un aumento en su cooperación, que incluye el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional mexicana a lo largo de la frontera común. Este acuerdo tiene como objetivo frenar el tráfico ilegal de drogas, como el fentanilo, y controlar los flujos migratorios irregulares. Como resultado, se logró una “pausa arancelaria” de un mes, evitando que Trump impusiera aranceles del 25% a los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos.
No obstante, las críticas desde el lado estadounidense no han cesado. El vicepresidente James David Vance acusó a México de no aplicar la ley para detener a las organizaciones de tráfico de drogas, afirmando en la red social X: “Pobre y triste México. Los cárteles internacionales de la droga operan libremente dentro de sus fronteras y México no puede hacer nada al respecto”.
Este escenario refleja la complejidad de la relación bilateral en materia de seguridad, donde la cooperación y las tensiones coexisten en un equilibrio frágil. Mientras México busca fortalecer sus capacidades militares sin comprometer su soberanía, Estados Unidos presiona por una mayor intervención en la lucha contra los cárteles, un tema que seguirá siendo central en la agenda bilateral en los próximos meses.