Cuarto juez federal bloquea orden de Trump que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento

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Un cuarto juez federal, Leo Sorokin de Massachusetts, bloqueó este jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intenta restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros. Sorokin se unió a otros tres jueces que han rechazado la medida, argumentando que la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la ciudadanía a quienes nacen en Estados Unidos.

En su fallo, Sorokin citó el caso histórico de 1898, Estados Unidos v. Wong Kim Ark, que confirmó este derecho constitucional. “La Constitución confiere la ciudadanía por derecho de nacimiento de manera amplia, incluso a las personas dentro de las categorías descritas en la Orden Ejecutiva”, señaló el juez en su opinión de 31 páginas.

La orden de Trump, emitida en febrero, buscaba limitar la ciudadanía a hijos de inmigrantes legales, titulares de Green Card, ciudadanos naturalizados, hijos de padres estadounidenses y extranjeros que sirven en el Ejército. Sin embargo, la medida ha enfrentado múltiples desafíos legales.

Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey y líder de la demanda presentada por 18 estados demócratas, celebró la decisión: “El presidente Trump puede creer que está por encima de la ley, pero la orden preliminar de hoy envía un mensaje claro: no es un rey y no puede reescribir la Constitución de un plumazo”.

Hasta ahora, cuatro jueces federales han bloqueado la orden ejecutiva, y el Departamento de Justicia ha apelado dos de estas decisiones. Además, al menos ocho demandas están pendientes en tribunales, incluidas las presentadas por organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes.

La Administración Trump ha recibido apoyo de fiscales generales de 17 estados republicanos, quienes presentaron un amicus curiae respaldando la orden. Sin embargo, los tribunales han mantenido una postura firme en defensa de la Enmienda 14, lo que ha complicado los esfuerzos del gobierno para implementar la medida.

Este bloqueo judicial reitera el desafío legal que enfrenta la orden ejecutiva de Trump, subrayando la resistencia de los tribunales a modificar un principio constitucional que ha sido aplicado de manera consistente durante más de un siglo.

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