El estado de Florida ha vuelto a estar en el ojo del huracán político y social tras una propuesta presentada por el gobernador Ron DeSantis. La iniciativa contempla la posibilidad de aplicar la pena de muerte a inmigrantes irregulares acusados de ciertos delitos graves, como homicidio o tráfico de drogas. Según las autoridades locales, la medida busca reforzar la seguridad pública y disuadir actividades criminales vinculadas a la inmigración ilegal.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte polémica tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos han condenado la idea, argumentando que viola principios fundamentales de justicia y podría exacerbar la vulnerabilidad de comunidades migrantes. Por su parte, algunos sectores respaldan la medida, señalando que responde a la necesidad de proteger a los ciudadanos frente a actos delictivos graves.
Expertos legales advierten que implementar esta política podría enfrentar serios desafíos constitucionales y generar tensiones diplomáticas con países de origen de los inmigrantes. Mientras tanto, el debate pone de relieve las profundas divisiones en torno a la política migratoria en Estados Unidos y plantea preguntas sobre cómo equilibrar seguridad, derechos humanos y justicia.