El gobierno de México ha elevado el tono en su disputa legal contra fabricantes de armas en Estados Unidos. Autoridades mexicanas advirtieron que, si los cárteles de drogas son declarados organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense, ampliarán su demanda contra las empresas armamentísticas. La razón: considerarían que estas compañías son cómplices al facilitar el flujo de armas hacia grupos criminales que operan en México.
La demanda original, presentada en 2021, acusa a fabricantes como Smith & Wesson, Ruger y Beretta de negligencia al no prevenir que sus armas sean desviadas hacia el mercado negro y utilizadas por cárteles. México argumenta que este flujo ilegal ha contribuido a la violencia que ha cobrado miles de vidas en el país.
Expertos legales señalan que una declaración de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de EE.UU. fortalecería la posición de México en su demanda, ya que aumentaría la responsabilidad de los fabricantes de armas. Sin embargo, también podría complicar las relaciones bilaterales, especialmente en temas de seguridad y comercio.
El gobierno mexicano ha reiterado su compromiso de agotar todas las vías legales para frenar el tráfico de armas, mientras que organizaciones civiles han respaldado la medida, destacando la urgencia de abordar la violencia armada desde su origen.