En un movimiento que redefine las estrategias de seguridad global, el gobierno del presidente Donald Trump designó oficialmente a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), un paso que ha generado tanto apoyo como preocupación en la comunidad internacional. El anuncio, publicado en el Registro Federal por el secretario de Estado, Marco Rubio, incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Noreste, el Cártel de Golfo, Cárteles Unidos y La Familia Michoacana. También se añaden organizaciones criminales de otros países, como el Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador.
La designación como FTO no es un mero cambio semántico; implica consecuencias profundas que van desde el congelamiento de activos financieros hasta operaciones militares coordinadas. Según análisis jurídicos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), estas medidas pueden bloquear completamente los recursos de las organizaciones en instituciones financieras estadounidenses, incluso antes de que tengan conocimiento de su designación. Además, cualquier persona o entidad bajo jurisdicción estadounidense que proporcione “apoyo material o recursos” a estos grupos puede enfrentar sanciones legales severas.
El nombramiento también tiene implicaciones migratorias significativas. Los miembros o representantes no ciudadanos de estas organizaciones quedan prohibidos de ingresar a EE.UU., mientras que aquellos presentes en el país podrían ser deportados. Robyn Barnard, director de Human Rights First, advierte sobre las complicaciones que esto podría generar para las comunidades afectadas. “Nos preocupa que esta designación estigmatice a las víctimas y cause retrasos importantes en los casos de inmigración”, señaló en una conferencia de prensa virtual. Barnard destacó que muchas personas son coaccionadas por estos grupos armados no estatales, obligadas a pagarles dinero para asegurar su propia liberación o la de un ser querido.
Desde una perspectiva militar, el Instituto Watson de la Universidad Brown documenta cómo EE.UU. ha llevado a cabo operaciones contra el terrorismo en 85 países entre 2018 y 2020, incluidos ataques aéreos tripulados o con drones en naciones como Afganistán, Irak, Libia y Siria. Este precedente plantea preguntas sobre si acciones similares podrían implementarse en territorio mexicano. Expertos señalan que la Sección 127e, una autoridad legal que permite a las fuerzas de operaciones especiales planificar y controlar ciertas misiones, podría utilizarse para justificar intervenciones lideradas por el Ejército estadounidense.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, minimizó la posibilidad de una invasión bajo el argumento de atacar a las FTO. “No tengo miedo, tengo un pueblo que me respalda”, afirmó durante su conferencia matutina. Sin embargo, su postura no disipa las preocupaciones sobre el impacto de esta medida en las relaciones bilaterales y en las comunidades vulnerables. Canadá, aliado clave de EE.UU., también anunció que adoptará la designación, lo que podría abrir la puerta a colaboraciones militares conjuntas.
El alcance de estas acciones va más allá de lo visible. El entrenamiento a fuerzas policiacas locales y la Patrulla Fronteriza forma parte de una estrategia integral que busca debilitar a los cárteles desde múltiples frentes. Sin embargo, críticos señalan que este enfoque podría perpetuar ciclos de violencia sin abordar las causas estructurales del problema, como la pobreza, la corrupción y la desigualdad social.
Las consecuencias de esta decisión no solo afectarán a los cárteles y sus operaciones, sino también a las comunidades marginadas que sufren directamente sus acciones. Mientras EE.UU. intenta consolidar su liderazgo en la lucha contra el terrorismo, surge la interrogante sobre si estas medidas realmente contribuirán a la paz y la seguridad o simplemente profundizarán las desigualdades y tensiones globales.