El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se encuentra prófugo de la justicia tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa. La investigación, liderada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), se centra en el sobreprecio de 5 mil 186 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la policía estatal, registrados como arrendamientos.
La jueza Patricia Sánchez Nava, del Reclusorio Oriente, ordenó la detención de Aureoles y varios de sus excolaboradores el pasado viernes. Entre los implicados se encuentran Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP; y José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán. Estos últimos ya fueron detenidos el sábado, mientras que Aureoles y otros tres exfuncionarios permanecen prófugos.
El caso se remonta a 2021, cuando el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, denunció irregularidades en la construcción de los cuarteles de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo. Según la denuncia, las obras fueron asignadas de manera directa y registradas como arrendamientos, dejando construcciones inconclusas y abandonadas.
Aureoles, quien se ha declarado víctima de persecución política, acusó en julio de 2023 al presidente Andrés Manuel López Obrador de orquestar una campaña en su contra. “Soy un perseguido político. Estoy denunciado hasta por traición a la patria”, afirmó en una entrevista con Carmen Aristegui. Además, señaló que Ramírez Bedolla fue impuesto por el crimen organizado, alegando haber presentado pruebas ante la FGR, el Congreso de la Unión, el Comité Selecto de Inteligencia del Capitolio de EE.UU. y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a comentar que el caso corresponde a la FGR, sin confirmar versiones sobre una supuesta detención de Aureoles en Jalisco. El exgobernador, quien esperaba ser recibido por López Obrador en Palacio Nacional en 2021, sigue siendo un personaje central en un escenario de acusaciones cruzadas y tensiones políticas en Michoacán.