Un viejo fantasma del comercio bilateral entre México y Estados Unidos ha resurgido con fuerza, tiñendo de incertidumbre el futuro de las relaciones económicas. La nación vecina del norte ha anunciado la imposición de una cuota compensatoria del 20.91% a las importaciones de jitomate mexicano, una medida que entrará en vigor el próximo 14 de julio y que ha desatado una ola de críticas y preocupación en el gobierno mexicano. La acusación subyacente: presunto dumping por parte de los productores aztecas.
La respuesta desde México no se hizo esperar. En una conferencia de prensa liderada por la recién investida presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, alzó la voz con vehemencia para denunciar la medida estadounidense. Sus palabras resonaron con indignación, calificando la acción como “injustificada, obsoleta y perjudicial” para los propios consumidores estadounidenses.
Berdegué no dudó en contextualizar este nuevo capítulo del conflicto, recordando un historial de tensiones comerciales en torno al jitomate que se remonta a casi tres décadas. “Desde hace casi treinta años se han firmado cinco acuerdos para suspender esta investigación por dumping, el último en 2019”, explicó el funcionario, subrayando la naturaleza cíclica de esta disputa. Asimismo, aclaró que los acuerdos previos no fueron pactos entre gobiernos, sino entendimientos directos entre el Departamento de Comercio de EE.UU. y las asociaciones de productores mexicanos.
Un punto central en la argumentación del secretario de Agricultura fue la falta de pruebas concretas que respalden la acusación de dumping. “Eso es lo que ellos llaman dumping: hacer trampa. Pero a nuestro juicio, jamás se ha demostrado. Es más un pretexto comercial que una realidad”, sentenció Berdegué, dejando entrever la frustración del gobierno mexicano ante lo que consideran una estrategia proteccionista disfrazada de defensa comercial.
La medida impuesta por Estados Unidos tiene un claro origen: la presión ejercida durante los últimos seis años por los productores de Florida, quienes han impulsado este proceso con el objetivo de proteger su mercado interno. Si bien la cuota compensatoria se estableció inicialmente hace seis años, su aplicación se había mantenido en suspenso año tras año, hasta la reciente decisión del Departamento de Comercio de reactivarla. “El Departamento de Comercio notificó ayer que se retiran del acuerdo. En 90 días entra en vigor la cuota del 21% para los tomates mexicanos. Es un castigo, aunque sin sustento”, lamentó Berdegué.
Ante este panorama, la pregunta que surge inevitablemente es: ¿quién será el principal damnificado por esta nueva escalada en la guerra del jitomate? La respuesta del secretario de Agricultura fue contundente y directa: los consumidores estadounidenses.
“El 90% de los tomates que importa Estados Unidos vienen de México. Seis de cada diez jitomates que comen allá son mexicanos. Si aplican esta cuota, lo único que va a pasar es que sus ensaladas, su kétchup y todo, les va a salir más caro. Así de claro”, advirtió Berdegué, pintando un escenario de aumento de precios en la mesa de los hogares estadounidenses.
Además, el funcionario mexicano desestimó la posibilidad de encontrar alternativas viables para sustituir el volumen y la calidad del jitomate mexicano con productos de otros países. “No es que haya un montón de países produciendo tomates de esta calidad, en esta cantidad y a este precio. Si quieren, que lo intenten, pero van a pagar más”, concluyó Berdegué, dejando claro que la dependencia del mercado estadounidense hacia el jitomate mexicano es significativa y difícilmente reemplazable a corto plazo. La imposición de este arancel no solo tensa las relaciones comerciales, sino que también anticipa un impacto directo en el bolsillo de los consumidores del país vecino.