En medio de la preparación para la histórica elección judicial de junio próximo, un debate inquietante ha emergido sobre la idoneidad de algunos candidatos que aspiran a ocupar cargos dentro del Poder Judicial. Durante su conferencia mañanera del miércoles 23 de abril en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la puerta a la posibilidad de aplicar medidas precautorias o incluso descalificar a aquellos aspirantes señalados como “defensores de narcos”.
Este tema surgió luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconociera públicamente la existencia de perfiles cuestionables entre los 3 mil candidatos inscritos para competir por un puesto en el sistema judicial. Según Noroña, algunos de estos aspirantes no cumplen con los estándares de probidad exigidos por la Constitución debido a vínculos directos o indirectos con la defensa de figuras ligadas al narcotráfico.
La mandataria federal explicó que, aunque formalmente los candidatos ya han sido seleccionados y avalados, podrían ser retirados de la contienda si se demuestra que incurren en irregularidades graves. “Si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, ya sea por tener alguna relación delincuencial o porque no tiene el promedio mínimo de 8 en la licenciatura que exige la ley, puede presentarse una impugnación. Desde mi particular punto de vista, podría ponerse una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona”, declaró Sheinbaum durante su intervención.
Sin embargo, la titular del Ejecutivo subrayó que esta decisión corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia encargada de resolver las controversias relacionadas con el proceso electoral. “Pero tendría que presentarse todas las pruebas, ¿no? De que es así. Hasta ahora, quién tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral”, añadió.
El asunto ha generado amplias repercusiones en el ámbito político y jurídico. La selección de jueces y magistrados es considerada un pilar fundamental para garantizar la independencia y transparencia del sistema de justicia. Por ello, cualquier indicio de complicidad con actividades ilícitas o falta de méritos académicos podría comprometer la legitimidad del proceso.
Por su parte, Fernández Noroña destacó la necesidad de revisar minuciosamente los antecedentes de todos los aspirantes. Su declaración evidencia preocupaciones sobre la integridad de quienes buscan integrarse al Poder Judicial, especialmente en un contexto donde México enfrenta retos significativos derivados del crimen organizado.
La discusión también refleja una creciente demanda ciudadana por mayor transparencia en los procesos de selección de funcionarios judiciales. En un país donde la confianza en las instituciones sigue siendo frágil, asegurar que quienes ocupen cargos clave estén libres de conflictos de interés o vínculos con actividades delictivas resulta indispensable para consolidar un Estado de derecho efectivo.
Mientras tanto, queda pendiente la resolución del TEPJF, organismo que tendrá la última palabra sobre este delicado asunto. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si efectivamente se implementarán medidas contra los candidatos señalados, lo cual marcará un precedente importante en la historia judicial del país.