En un enfrentamiento político que ha generado debate, el coordinador de la bancada panista en el Senado, Ricardo Anaya, lanzó duras críticas contra la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la propaganda extranjera en territorio mexicano. Aunque la propuesta aún no llega al Congreso, Anaya ya anticipó su rechazo, calificando la reforma como “alarmante” y acusando al gobierno de buscar “controlar y censurar” los medios de comunicación.
Durante su intervención, Anaya expresó su preocupación por lo que considera un intento del gobierno de ampliar su poder sobre los contenidos que se difunden en televisión y radio. Según el ex candidato presidencial, esta iniciativa podría derivar en una mayor censura gubernamental, afectando el derecho de los ciudadanos a acceder a información plural y libre. “El sello de la casa de quienes hoy gobiernan ha sido el control gubernamental y la censura”, declaró, señalando que la reforma no solo modificaría un artículo, sino toda la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Anaya también acusó al gobierno de la Cuarta Transformación de tener un carácter “autoritario”, argumentando que cuando un régimen controla los mensajes que se transmiten en medios masivos como la radio y la televisión, comienza a manipular la opinión pública. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con el contexto que originó la iniciativa: la transmisión de un spot discriminatorio contra personas migrantes en las principales televisoras del país, incluidas TV Azteca y Televisa, hecho que fue públicamente reprobado por la presidenta Sheinbaum durante su conferencia mañanera.
La propuesta de Sheinbaum busca evitar la difusión de mensajes racistas, xenófobos o discriminatorios en la publicidad extranjera que llega a territorio mexicano. No obstante, Anaya interpretó la medida como un ataque a la libertad de expresión y la democracia, desestimando el propósito original de la reforma. “Nos preocupa que esta nueva ley pueda darle más poder de censura y control al Gobierno de México”, aseguró, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
Este episodio refleja la polarización política que sigue marcando el debate público en México. Mientras el gobierno argumenta que la reforma es necesaria para proteger los derechos humanos y evitar la propagación de mensajes discriminatorios, figuras opositoras como Anaya ven en ella una amenaza a la libertad de expresión y un paso hacia el autoritarismo. La discusión pone de manifiesto las tensiones entre la regulación estatal y la libertad de los medios, un tema que ha sido recurrente en la agenda política del país.
Por otro lado, la postura de Anaya ha sido cuestionada por algunos analistas, quienes señalan que sus declaraciones carecen de sustento concreto y parecen anticiparse a una propuesta que aún no ha sido debatida formalmente en el Senado. Además, destacan que la iniciativa responde a un caso específico de discriminación que generó indignación pública, lo que podría justificar la intervención del Estado para regular este tipo de contenidos.
Con la iniciativa aún en proceso, queda por verse cómo se desarrollará el debate legislativo y si las preocupaciones planteadas por Anaya serán compartidas por otros legisladores o si, por el contrario, prevalecerá el argumento del gobierno de proteger los derechos humanos y garantizar un discurso inclusivo en los medios de comunicación.