La crisis hídrica entre México y Estados Unidos, exacerbada por la sequía y las tensiones diplomáticas, parece haber encontrado un punto de equilibrio temporal. El presidente Donald Trump, quien el pasado 10 de abril lanzó duras advertencias sobre posibles sanciones y nuevos aranceles si México no regularizaba su adeudo de agua, recibió una respuesta contundente del gobierno mexicano. En un comunicado conjunto con la Secretaría de Agricultura estadounidense, el gobierno de Claudia Sheinbaum se comprometió a transferir agua de embalses internacionales y aumentar el flujo hacia seis afluentes del río Bravo hasta el final del actual ciclo hídrico, que concluye el próximo 24 de octubre.
El anuncio llega en un contexto de creciente presión diplomática. Trump había utilizado su plataforma para denunciar el incumplimiento de México con los términos del Tratado de Agua de 1944, un acuerdo histórico que regula la distribución de aguas entre ambos países para los ríos Colorado, Tijuana y Bravo (Río Grande). Según el tratado, México debe entregar una cantidad específica de agua a Estados Unidos cada cinco años, pero la severa sequía y la gestión hídrica complicaron el cumplimiento de este compromiso.
La Administración de Sheinbaum no especificó el origen exacto de las aguas que serán transferidas, aunque aseguró que la prioridad será garantizar el abastecimiento para consumo humano de las comunidades mexicanas dependientes del río Bravo. “Todas estas acciones tienen como premisa fundamental el asegurar el abastecimiento para consumo humano”, señaló el gobierno en un comunicado oficial. Este compromiso refleja un esfuerzo por equilibrar las necesidades locales con las obligaciones internacionales, en medio de una disputa que ha generado preocupación tanto en Washington como en Ciudad de México.
Además de la entrega inmediata de agua, el gobierno mexicano anunció planes para desarrollar un nuevo mecanismo de gestión hídrica en el siguiente ciclo. Este plan incluirá consultas anuales de alto nivel entre ambas naciones, buscando fortalecer la cooperación y evitar futuras crisis. La medida sugiere un intento por modernizar el Tratado de 1944, adaptándolo a las realidades climáticas y sociales actuales.
Por su parte, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos destacó que esta solución bilateral busca salvaguardar los intereses de agricultores y comunidades fronterizas en ambos lados de la frontera. Sin embargo, el compromiso no está exento de críticas. Organizaciones ambientales y comunidades locales han expresado preocupación por el impacto que la extracción de agua podría tener en regiones ya afectadas por la sequía.
Mientras tanto, la situación pone de manifiesto la complejidad de gestionar recursos naturales compartidos en un contexto de cambio climático y creciente demanda. La decisión de México de ceder ante las presiones de Trump refleja la delicada balanza entre la diplomacia y las necesidades internas, dejando en claro que el agua se ha convertido en un tema estratégico en las relaciones bilaterales.
Con este acuerdo provisional, ambos países buscan evitar una escalada de tensiones mientras trabajan en soluciones a largo plazo. Sin embargo, queda por verse si el nuevo plan logrará cumplir con las expectativas de ambos lados y garantizar un uso sostenible del recurso más preciado en la región: el agua.