La startup de inteligencia artificial OpenAI dio un giro inesperado en su estructura corporativa. Tras meses de presiones regulatorias y críticas públicas, anunció que su rama sin fines de lucro mantendrá el control permanente sobre ChatGPT y sus demás desarrollos de IA.
El cambio llega después de que fiscales generales de California y Delaware cuestionaran los planes iniciales de transferir autoridad a una nueva corporación de beneficio público. “Escuchamos a líderes cívicos y reguladores”, admitió Bret Taylor, presidente de OpenAI, en un blog corporativo.
La decisión tiene alto impacto financiero: hasta $30 mil millones en inversiones pendientes -incluyendo fondos de SoftBank- dependen de la aprobación regulatoria. Microsoft, su principal patrocinador, retiene poder de veto sobre la reestructuración.
El conflicto refleja la tensión original de OpenAI. Fundada en 2015 como organización benéfica, pronto chocó con la cruda realidad: desarrollar IA avanzada requiere capital masivo. Su transformación en 2019 a modelo híbrido generó demandas, incluyendo una de Elon Musk que sigue su curso judicial.
Aunque los detalles exactos no se revelaron, la nueva estructura convertirá la filial comercial en una Corporación de Beneficio Público (PBC), similar a competidoras como Anthropic. La organización sin fines de lucro será accionista mayoritaria, con derecho a nombrar directivos.
Críticos como Robert Weissman de Public Citizen siguen escépticos: “No hay garantías de que la misión original prevalezca sobre los intereses comerciales”. Mientras, las fiscalías de Delaware y California analizan si el plan cumple con leyes de organizaciones sin fines de lucro.