En un firme mensaje dirigido a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las amenazas de sanciones por el traslado de vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), defendiendo la decisión como soberana y basada en estudios técnicos.
El gobierno estadounidense había argumentado que la reubicación de operaciones desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) afectó a empresas de carga de ese país, advirtiendo con posibles restricciones a aerolíneas mexicanas. Sin embargo, Sheinbaum fue clara: “No hay razón para sanciones. Esta fue una decisión técnica, no política”.
Un AIFA necesario
La mandataria explicó que el traslado de la carga al AIFA respondió a la necesidad de descongestionar el AICM, uno de los objetivos centrales de construir el nuevo aeropuerto. “Algunas empresas estadounidenses se quejaron al principio, pero muchas reconocen ahora las ventajas: menos tráfico y mejor distribución logística”, señaló.
Además, recordó que el cambio se notificó con anticipación a las aerolíneas y que, tras más de un año y medio de operaciones, el AIFA ha demostrado su viabilidad.
El fantasma de Texcoco
Sheinbaum también aprovechó para contrastar el AIFA con el fallido aeropuerto de Texcoco, proyecto del gobierno de Enrique Peña Nieto que, según dijo, estuvo marcado por corrupción y problemas técnicos insalvables.
“El NAIM (Nuevo Aeropuerto Internacional de México) se construyó sobre un lago. Hoy está inundado, con pistas inutilizables. Era inviable”, afirmó, mostrando imágenes del sitio abandonado. Destacó que, de haberse concretado, el AICM hubiera cerrado por completo, afectando aún más la conectividad aérea.
Soberanía vs presiones
La presidenta enfatizó que México no cederá a presiones externas en materia de infraestructura. “Las decisiones se toman pensando en el interés nacional, no en conveniencias de otros países”, declaró, subrayando que el AIFA forma parte de un plan integral para modernizar el sistema aeroportuario del centro del país.
Con esto, el gobierno mexicano envía un mensaje claro: la política aeroportuaria no está en discusión, y cualquier medida de retaliación por parte de EU sería injustificada.