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Gobierno de México Reabre Auditorías por Millonarios Sobornos en Pemex durante el Sexenio de Peña Nieto

México Reabre las Heridas de la Corrupción en Pemex

En un movimiento que busca sanar las heridas de la corrupción, el Gobierno de México ha decidido reabrir uno de los casos más emblemáticos de presunta podredumbre institucional. Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, compareció en La Mañanera del Pueblo de este 29 de agosto para anunciar la reapertura de cinco auditorías vinculadas a cuatro contratos de Pemex, todos ellos manchados por la sospecha de haber sido alterados para encubrir millonarios sobornos.

La investigación, que ya había comenzado en abril de 2024 tras una alerta de las autoridades estadounidenses, da ahora un paso crucial. El detonante fue una denuncia formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado 11 de agosto, que apunta directamente a siete empresas estadounidenses y a dos residentes: Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, actualmente detenido en suelo norteamericano, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.

Pero el núcleo del escándalo está en tres exfuncionarios de la petrolera, identificados sólo por sus iniciales en un acto de reserva procesal, pero acusados de gravísimas conductas. Roberto P., señalado de aceptar sobornos para liberar pagos anticipados o por servicios fantasmas; Juan V., acusado de recibir coimas a cambio de adjudicar contratos; y Erick N., a quien se imputa la alteración de auditorías y la exoneración de empresas a cambio de dinero. “De confirmarse que no sirvieron a México”, sentenció Buenrostro, “deberán ser sancionados y resarcir el daño económico”.

Los contratos bajo la lupa suman casi 400 millones de pesos y hunden sus raíces en la administración de Enrique Peña Nieto. Dos de ellos se celebraron durante su sexenio, otro fue concluido anticipadamente entre 2020-2021 y un cuarto nunca llegó a formalizarse. La funcionaria fue clara: no habrá protección para nadie. “Las empresas y exfuncionarios responsables deberán devolver al pueblo lo que le robaron”. Una cacería contra la impunidad que apenas comienza.

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