De árbitro a operador: la rentable carrera del exconsejero electoral
La figura de Luis Carlos Ugalde resurge en el debate político nacional, pero no desde la imparcialidad que alguna vez debió representar, sino desde el rol de un consultor bien remunerado por los partidos que hoy lo presentan como una voz experta. Su nombre quedó grabado en la historia política reciente como el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) que avaló la polémica elección presidencial de 2006, legitimando la imposición de Felipe Calderón sin permitir un recuento voto por voto.
Lejos de desaparecer tras ese episodio que marcó un antes y un después en la democracia mexicana, Ugalde construyó una lucrativa carrera a la sombra del PRI y del PAN. Bajo la firma Integralia Consultores, una empresa que opera como Información y Tecnología para Asuntos Públicos S.C., se ha convertido en un instrumento de operación política y financiera para la oposición.
Los números hablan por sí solos. Entre 2022 y 2025, Ugalde recibió más de 13 millones de pesos en contratos con el PRI, el PAN y gobiernos panistas. Estos pagos, realizados con dinero público y sin licitaciones transparentes, han arrojado pésimos resultados para quienes lo contratan. El caso más emblemático es el del Gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos. De manera opaca, sin que los contratos aparecieran en los portales de transparencia, se canalizaron 9.4 millones de pesos a su empresa por “consultoría legal” para detectar riesgos políticos. El resultado fue una derrota estrepitosa: en 2024, Claudia Sheinbaum ganó el estado con más de 885 mil votos contra los 559 mil de Xóchitl Gálvez.
El PRI, bajo la presidencia de Alejandro “Alito” Moreno, también contribuyó a esta lucrativa empresa. Le pagó al menos 3.7 millones de pesos por “consultoría en riesgo político”, además de 109 mil pesos por una conferencia titulada “Los desafíos del PRI”. El resultado fue la peor votación presidencial de la historia del partido. El PAN, por su parte, desembolsó 110 mil pesos por una charla en 2022, 41 mil en Guanajuato por dos horas de exposición y 197 mil pesos por hablar de nearshoring, un tema en el que Ugalde no tiene experiencia reconocida.
Hoy, la occión pretende imponerlo como “voz experta” en la discusión de la reforma electoral. Sin embargo, los hechos pintan a un personaje lejos de la imparcialidad: un operador político que nunca rindió cuentas por 2006 y que ha convertido su controversial pasado en un negocio millonario.