Entre la Cárcel y el Millonario Rescate: Salinas Pliego Salda Deuda en Estados Unidos
En un episodio que revela la extensión global de sus batallas legales, el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego enfrentó la amenaza concreta de prisión en Estados Unidos, obligándolo a pagar una fianza de 25 millones de dólares para evitar su arresto. El caso se remonta a 2014, cuando la telecomunicadora AT&T adquirió Iusacell a Grupo Salinas, operación que desencadenaría una disputa fiscal de una década.
La crisis judicial estalló cuando la jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Andrea Masley, declaró personalmente a Salinas Pliego en desacato por no cumplir con una sentencia previa. La magistrada fue contundente: el magnate mexicano debía pagar 20 millones de dólares a AT&T en un plazo de dos semanas o enfrentaría la cárcel hasta que saldara la deuda. La orden judicial no dejaba espacio a ambigüedades, colocando al empresario contra las cuerdas en un sistema legal extranjero.
La demanda presentada por AT&T en 2020 alegaba que Grupo Salinas mantenía impuestos no pagados correspondientes al periodo anterior a la venta de Iusacell. Aunque las empresas del magnate impugnaron la decisión, como es característico en su estrategia legal, terminaron perdiendo el caso y fueron declaradas en desacato al no lograr recuperar el pago exigido. Fue esta acumulación de fallos lo que llevó a la jueza Masley a tomar la medida extrema contra el propio Salinas Pliego.
Ante la perspectiva de encarcelamiento, el empresario y sus compañías actuaron con celeridad, pagando una fianza conjunta de 25 millones de dólares antes de que expirara el plazo fatal de dos semanas. Sin embargo, la capitulación financiera no significó una aceptación de la derrota legal, ya que simultáneamente interpusieron una apelación contra la sentencia, demostrando la compleja estrategia de combinar cumplimiento inmediato con desafío judicial prolongado.
Este revés internacional se suma a la colosal deuda fiscal que Salinas Pliego mantiene en México, estimada en 74 mil millones de pesos. Analistas señalan que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría definir el destino de estos créditos fiscales en los próximos meses, en un escenario donde el empresario tendrá que librar batallas simultáneas en dos frentes jurídicos: uno al norte de la frontera, donde ya pagó para evitar las rejas, y otro en su país natal, donde la apuesta es aún mayor.