Por primera vez en la historia: el Estado mexicano reconoce con recursos a todas las comunidades indígenas y afromexicanas registradas
En un hito sin precedentes para la política pública en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un avance histórico en materia de justicia social: por primera vez, el presupuesto federal incluye asignaciones directas para todas las comunidades indígenas y afromexicanas registradas en el país, que suman más de 20 mil. Este logro no solo representa un reconocimiento simbólico, sino una transformación concreta en la forma en que el Estado se relaciona con sus pueblos originarios y afrodescendientes.
Durante un acto solemne en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que este esfuerzo va más allá de la mera distribución de recursos. “No se trata solo de entregar dinero”, explicó, “sino de construir una política integral que garantice justicia, dignidad y autonomía a quienes han sido históricamente invisibilizados”. La mandataria enfatizó que, paralelamente a la asignación presupuestal, se están elaborando planes de justicia específicos para cada comunidad, diseñados con enfoque territorial, cultural y lingüístico.
Este anuncio marca un antes y un después en la relación entre el Estado mexicano y sus pueblos originarios. Durante décadas, muchas comunidades —especialmente las más pequeñas o aisladas— quedaron fuera de los programas federales por falta de reconocimiento formal o por la burocracia estatal. Ahora, con un registro actualizado y validado por instituciones como el INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cada una de esas más de 20 mil comunidades tiene acceso directo a fondos para educación, salud, infraestructura, preservación lingüística y desarrollo económico comunitario.
Sheinbaum subrayó que este enfoque responde a los principios del Estado laico, pluricultural y social consagrados en la Constitución, pero nunca plenamente implementados. “Lo esencial no es el monto, sino la política integral que se desarrolla en favor de estos grupos”, señaló, dejando claro que el objetivo es erradicar la pobreza estructural y garantizar el derecho a la autodeterminación.
El anuncio ha sido celebrado por líderes comunitarios, académicos y organizaciones civiles, quienes ven en esta medida un paso firme hacia la reparación histórica. Sin embargo, también advierten que el verdadero reto está en la ejecución: que los recursos lleguen sin intermediarios, que se respete la toma de decisiones colectivas y que no se impongan agendas externas.
Mientras tanto, el gobierno federal ha iniciado una serie de mesas de diálogo regionales para co-diseñar los planes de justicia con las propias comunidades. En ellas, mujeres indígenas, jóvenes afromexicanos, autoridades tradicionales y sabios ancestrales tienen voz directa. Es, en palabras de Sheinbaum, “una nueva forma de hacer política: desde abajo, con respeto y con justicia”.
Este giro no solo redefine la política social en México, sino que posiciona al país como referente en América Latina en materia de derechos colectivos. Porque, como dijo una anciana mazahua durante una de las primeras reuniones: “No queremos limosnas. Queremos lo que es nuestro por derecho”.