Ante denuncias de corrupción en aduanas, la presidenta Sheinbaum reafirma que no habrá impunidad ni privilegios para nadie, ni siquiera en las Fuerzas Armadas
En medio de una ola de rumores sobre un presunto caso de huachicol fiscal —el desvío ilegal de combustibles a través de mecanismos aduaneros—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomó la palabra con firmeza durante su conferencia matutina para dejar un mensaje inequívoco: en su gobierno no habrá impunidad, ni siquiera para miembros de las Fuerzas Armadas.
El caso, que involucraría a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), detonó especulaciones tras la difusión de una cifra millonaria: 600 mil millones de pesos en supuesto contrabando de combustibles. Sin embargo, Sheinbaum aclaró de inmediato que esa cifra no fue declarada por la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano García, como se había viralizado, sino que surgió de una pregunta hecha por un diputado en el Congreso. “Ella no lo declaró”, enfatizó la mandataria, subrayando la importancia de no difundir datos no verificados.
Más allá de los rumores, lo concreto es que ya hay detenidos y se abrieron indagatorias. “¿Qué pudo ocasionar que algún elemento, en este caso de Marina, haya estado involucrado? Pues lo tiene que contestar quien hoy está detenido”, dijo Sheinbaum, destacando que las autoridades actuaron de inmediato tras conocer las denuncias. “Lo importante es que se actuó y no hay impunidad. Eso es un hecho”, afirmó con contundencia.
Lejos de cuestionar el rol de las Fuerzas Armadas en las aduanas, la presidenta defendió su desempeño. Recordó que, en 2025, el gobierno logró recaudar 500 mil millones de pesos adicionales, de los cuales 200 mil millones provienen directamente de las aduanas. “Al aumentar la recaudación de aduanas, pues tiene que ver con mayores controles y distintas acciones que se han tomado, en las cuales ha ayudado mucho los elementos de Marina y de Defensa”, señaló.
Sheinbaum fue clara: los militares y marinos seguirán al frente de la Agencia Nacional de Aduanas, no por lealtad institucional, sino por resultados. Pero también trazó una línea roja: “Si se llega a encontrar una irregularidad contra un civil o contra alguien que sea miembro de las Fuerzas Armadas, se actúa, se denuncia y se hace la investigación”.
Este enfoque refleja la estrategia del gobierno: mantener la eficacia operativa sin sacrificar la transparencia. En un contexto donde la corrupción aduanera ha sido históricamente un cáncer para las finanzas públicas, la postura de Sheinbaum busca equilibrar confianza y rendición de cuentas.
Finalmente, la mandataria anunció que la cifra real del contrabando de combustibles aún se está calculando y será dada a conocer de forma oficial una vez concluidas las investigaciones. Hasta entonces, pidió prudencia y responsabilidad informativa.
“En este gobierno, no importa el rango ni la institución: si hay delito, hay castigo”, concluyó Sheinbaum, reafirmando su compromiso con un Estado de derecho que no distingue uniformes.