El expresidente invoca la Ley de Insurrección para combatir el crimen en Chicago y Portland, generando una ola de rechazo entre autoridades locales
Washington, D.C. — En una declaración que ha reavivado los fantasmas de la polarización política en Estados Unidos, Donald Trump afirmó este lunes que está dispuesto a invocar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército en ciudades que, según él, están sumidas en el caos criminal. “Lo haría si fuera necesario. Hasta ahora no ha sido necesario, pero tenemos la Ley de Insurrección por una razón”, declaró el expresidente, en un discurso cargado de urgencia y confrontación.
Trump no solo defendió la posibilidad de militarizar zonas urbanas, sino que acusó directamente a gobernadores y alcaldes demócratas de obstruir la seguridad pública. “Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos estuvieran frenando o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran frenando, claro que lo haría”, insistió, al tiempo que aseguraba que su único objetivo es “asegurarse de que nuestras ciudades sean seguras”.
El blanco de sus críticas fueron el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, a quienes acusó de mentir al afirmar que tienen el control de la situación. “Dicen que lo tienen todo bajo control, aunque en realidad ocurre lo contrario”, señaló Trump, quien también describió a Portland, Oregón, como “un infierno en llamas” y aseguró que sus habitantes “tienen miedo por sus vidas”.
Su discurso se intensificó al referirse a la jueza federal Karin Immergut, quien recientemente bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Portland. “Y luego está una jueza que perdió el rumbo, que intenta fingir que no hay ningún problema. En realidad, hay un enorme problema: el crimen”, dijo con tono despectivo.
La Ley de Insurrección, aprobada originalmente en 1807 y modificada en múltiples ocasiones, permite al presidente movilizar fuerzas militares para sofocar “insurrecciones, violencia interna o conspiraciones” que impidan la aplicación de las leyes federales. Aunque el mandatario puede invocarla sin aprobación del Congreso, debe emitir una proclamación formal que dé tiempo a los ciudadanos a dispersarse.
Trump ya utilizó esta retórica en 2020, durante las protestas tras la muerte de George Floyd, cuando amenazó con enviar al Ejército a Washington D.C. Aunque finalmente se desplegó la Guardia Nacional bajo otros mecanismos legales, la amenaza generó una fuerte controversia nacional e internacional.
Hoy, su nueva ofensiva coincide con una escalada de tensiones por las políticas migratorias de su administración. A finales de septiembre, ordenó al Departamento de Defensa —erróneamente llamado “Departamento de Guerra” en su discurso— que enviara “todos los soldados necesarios” a Portland para proteger instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), blanco de protestas violentas en medio del rechazo a las deportaciones masivas.
La respuesta de las autoridades locales no se hizo esperar. El gobernador Pritzker calificó la medida como una “amenaza de guerra”, mientras que el alcalde Johnson denunció que Trump busca “ocupar nuestra ciudad y romper nuestra Constitución”.
En medio de este pulso entre poderes, Trump reiteró su postura: “Mi Administración quiere acabar con el crimen. Ellos quieren avivarlo”. Una afirmación que no solo profundiza la división política, sino que pone sobre la mesa una pregunta incómoda para la democracia estadounidense: ¿hasta qué punto puede un presidente usar al Ejército contra su propio pueblo?