¿Protección ciudadana o blindaje para delincuentes? La batalla por el alma del amparo en México
En la antesala de una de las reformas judiciales más polémicas del sexenio, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, salió al frente este 16 de octubre para defender con firmeza la reciente modificación a la Ley de Amparo, aprobada el día anterior. Desde la Mañanera del Pueblo, Zaldívar no solo explicó los alcances técnicos de la reforma, sino que lanzó una acusación contundente: existe una “campaña de desinformación” orquestada por jueces, magistrados y comentaristas con intereses políticos o económicos, cuyo objetivo es distorsionar la verdadera intención de la ley.
“Es absolutamente falso que la reforma limite los derechos de las personas”, afirmó Zaldívar, visiblemente molesto por las críticas que han inundado redes y medios. Según él, quienes atacan la reforma son, en muchos casos, defensores de grandes deudores fiscales o actores del viejo sistema judicial, acostumbrados a usar el amparo como herramienta de dilación y opacidad.
La reforma, insistió, no es regresiva, sino modernizadora. No tiene efectos retroactivos: los juicios en curso seguirán regidos por la ley anterior en las etapas ya concluidas; solo las fases futuras aplicarán las nuevas reglas. “El amparo ha evolucionado a lo largo de la historia —dijo—, y hoy lo hacemos más ágil, digital y justo”.
Uno de los puntos más sensibles es el uso abusivo de suspensiones provisionales. Zaldívar denunció que, bajo criterios erróneos de algunos tribunales, presuntos criminales lograban desbloquear cuentas vinculadas al lavado de dinero o al crimen organizado, usando el amparo como escudo. La reforma establece excepciones precisas: en casos de bloqueo por delitos financieros o falta de concesiones federales, no se otorgará suspensión automática. Pero, aclaró, si una persona demuestra que sus recursos son lícitos, podrá acceder a un “mínimo vital” para cubrir salarios, impuestos o pensiones.
En materia de interés legítimo, Zaldívar fue enfático: no se elimina ni se restringe. La figura sigue protegiendo derechos colectivos, difusos y ambientales. “La reforma solo aclara sus elementos esenciales para evitar interpretaciones arbitrarias”, explicó.
También abordó el tema fiscal: ya no se podrán interponer amparos contra créditos fiscales firmes. “Esto beneficia a grandes contribuyentes que, con despachos costosos, prolongan litigios durante años”, señaló. A partir de ahora, solo la resolución final del proceso será impugnable, no cada etapa del cobro. “Todos queremos que quien debe impuestos los pague —dijo—, sin afectar su defensa, pero con procesos más cortos”.
Zaldívar cerró con una defensa apasionada del amparo: “Es la institución jurídica más importante de México, un orgullo nacional. Pero no puede ser un instrumento de delincuentes para dañar a la sociedad”. La reforma, insistió, no debilita la justicia: la depura, la acelera y la pone al servicio de la mayoría, no de los privilegiados.
En un país donde el amparo ha sido tanto salvavidas de ciudadanos como parapeto de corruptos, esta reforma podría marcar un antes y un después. Pero mientras los debates jurídicos continúan, una cosa es clara: el amparo ya no será el mismo.