Por primera vez en la historia, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU declara que en México hay indicios de una práctica “generalizada o sistemática” de desapariciones forzadas —y el gobierno responde con rechazo.
Nueva York, 21 de octubre de 2025. En una sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se escribió un capítulo inédito en la historia de los derechos humanos en América Latina. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED), órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional adoptada en 2006, tomó una decisión sin precedentes: activar el Artículo 34 ante la situación en México.
Esta medida —nunca antes utilizada desde la creación del Comité— se aplica únicamente cuando existen “indicios bien fundados” de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un país. En otras palabras, la ONU ya no ve las desapariciones en México como casos aislados, sino como parte de un patrón estructural que involucra al Estado, directa o indirectamente.
La reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar. El embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente ante la ONU, expresó ante la Tercera Comisión que México “no comparte” la resolución. Argumentó que el Artículo 34 “desvirtúa el espíritu de la Convención” y debe aplicarse “solo en casos excepcionales”. Pero para miles de familias que han buscado a sus seres queridos durante años —muchas veces con una pala en mano y sin apoyo institucional—, la excepcionalidad ya se volvió cotidianidad.
Los números son abrumadores: casi 134 mil personas desaparecidas en el país, según cifras oficiales que muchas organizaciones consideran subestimadas. La mayoría de las búsquedas las encabezan madres, hermanas e hijas, convertidas en forenses, investigadoras y activistas por necesidad. Ellas han llenado el vacío que el Estado ha dejado durante décadas.
Amnistía Internacional México no dudó en respaldar la decisión del CED. “La desaparición de casi 134 mil personas en el país no es normal”, recordó la organización, subrayando que la impunidad endémica y la falta de voluntad política han convertido a México en un campo de desaparición masiva. “La situación es excepcional, y el Estado debe mantener su apertura al escrutinio internacional”, instó.
La Convención, ratificada por México en 2008, obliga a los Estados a tipificar la desaparición forzada como delito de lesa humanidad y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero 17 años después, el país sigue sin una política integral efectiva, con mecanismos fragmentados y recursos insuficientes.
La activación del Artículo 34 no impone sanciones, pero sí representa una alarma global: el mundo está mirando. Y aunque el gobierno insista en que se trata de un malentendido, las fosas clandestinas, los registros incompletos y el silencio institucional hablan más fuerte que cualquier discurso diplomático.
México ya no puede esconderse tras la retórica de la “cuarta transformación” mientras miles de familias siguen preguntando: ¿dónde están nuestros desaparecidos?