Tras la revocación de la protección judicial a TV Azteca, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirma que el imperio de Salinas Pliego no está por encima de la ley y debe cumplir con sus deudas nacionales e internacionales.
La justicia ya habló. Y ahora, la voz del Estado mexicano resuena con firmeza desde Palacio Nacional. En su conferencia mañanera del 23 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en señalar al empresario Ricardo Salinas Pliego como un deudor que ya no tiene excusas: debe pagar los 580 millones de dólares que adeuda a acreedores estadounidenses, tras la reciente decisión del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de revocar la protección judicial que lo blindaba desde 2021.
“Ya no tiene razón para deslindarse. Sí tiene que pagar”, afirmó Sheinbaum, recordando que durante la pandemia, Salinas Pliego obtuvo una medida cautelar de un juez en la Ciudad de México argumentando que la crisis sanitaria le impedía cumplir con sus obligaciones financieras en el extranjero. Pero el tribunal, al revisar el caso el 22 de octubre, determinó que “una cosa es la pandemia, y otra cosa es ahora”. El tiempo de las dilaciones terminó.
La mandataria anticipó incluso una posible reacción del magnate: “Recuerden que este empresario podría intentar desmentir la situación en redes sociales”. Un guiño a la estrategia comunicacional que Salinas Pliego ha usado en el pasado para disputar narrativas públicas, especialmente desde sus plataformas en TV Azteca y redes sociales.
Pero el caso no se limita a la deuda internacional. Sheinbaum también recordó que el Grupo Salinas acumula una deuda fiscal de más de 74 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la que se sumaron 11 mil millones adicionales en el último año. La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló que el conglomerado mantiene al menos 32 juicios abiertos para impugnar créditos fiscales, tres de los cuales —por un total de 26 mil millones de pesos— están actualmente en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En este contexto, la presidenta anunció que, una vez que el Tribunal de la CDMX resuelva los litigios pendientes, se concretará una reunión entre los acreedores de Salinas Pliego y representantes del Estado mexicano. Serán la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Hacienda las encargadas de explicar la postura del gobierno frente a estos litigios, reafirmando que México respeta el Estado de Derecho, pero no tolera privilegios.
El mensaje es claro: nadie está por encima de la ley, ni siquiera un magnate con imperio mediático. Y si el principio juarista de “nada ni nadie por encima de la ley” tiene sentido hoy, es precisamente en casos como este. Porque mientras miles de mexicanos pagan sus impuestos puntualmente, el Estado no puede permitir que unos pocos usen tecnicismos legales para evadir responsabilidades millonarias.
La era de los blindajes judiciales parece llegar a su fin. Y con ella, quizás, también la impunidad fiscal de los más poderosos.