Ante la activación del Artículo 34 por parte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, la SRE responde con firmeza: México no acepta juicios sin sustento y reafirma su compromiso con la prevención, la búsqueda y la justicia.
En una postura contundente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó las recientes declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED), que en marzo de 2025 activó el Artículo 34 para investigar si en México las desapariciones forzadas ocurren de manera “generalizada o sistemática”. La Cancillería calificó dicha decisión como “carente de sustento” y exigió que cualquier análisis internacional se base en “criterios objetivos”, no en suposiciones.
“El fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada”, señaló la SRE en un comunicado oficial, subrayando que el Estado mexicano lo atiende mediante una política integral de Estado centrada en tres ejes: prevención, investigación y sanción. Lejos de negar el problema, el gobierno federal ha desplegado una serie de acciones concretas, muchas de ellas en diálogo directo con víctimas y organismos internacionales.
El representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz, fue aún más directo: “México no comparte la decisión del Comité. La aplicación del Artículo 34 debe reservarse a situaciones excepcionales, no a contextos complejos como el nuestro, donde el Estado actúa con transparencia y compromiso”.
La respuesta de la SRE no se limitó a la defensa diplomática. Enumeró con precisión las medidas adoptadas por el gobierno federal: el robustecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el fortalecimiento de las instituciones de búsqueda e identificación, el desarrollo de mecanismos interinstitucionales de coordinación, y la implementación de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad. Además, destacó el diálogo permanente con colectivos de familiares, a quienes considera aliados esenciales en la búsqueda de la verdad y la justicia.
“México mantiene una apertura al escrutinio internacional”, aclaró la Cancillería, pero insistió en que la cooperación, no la condena anticipada, debe ser el principio rector entre los Estados y los órganos de tratados. “Instamos a analizar nuestros informes con objetividad antes de emitir nuevos juicios”, concluyó.
Este intercambio refleja una tensión creciente entre los mecanismos de derechos humanos de la ONU y los gobiernos que, como el de México, reconocen la gravedad del problema pero rechazan narrativas que, según ellos, ignoran los avances reales y estigmatizan al país. Mientras las madres y colectivos siguen exigiendo justicia en las calles, el gobierno insiste: no hay impunidad, hay una política de Estado en marcha.