Lo que empezó como un grito ciudadano por justicia tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo terminó en incendios, puertas derribadas y acusaciones de instrumentalización política.
Morelia amaneció con el eco de un grito colectivo: “¡Justicia por Carlos Manzo!”. Este domingo, cerca de 800 personas marcharon pacíficamente por el Centro Histórico bajo la consigna “Basta de omisiones y de abusos”, en demanda de esclarecimiento por el asesinato del alcalde de Uruapan. Pero lo que debió ser un acto de luto y exigencia democrática se fracturó al llegar al Palacio de Gobierno.
Allí, un grupo de aproximadamente 150 manifestantes —algunos encapuchados— irrumpió con violencia: derribaron puertas, lanzaron piedras, palos y bombas molotov, e incendiaron oficinas del recinto. Las imágenes, ampliamente compartidas en redes, muestran humo negro elevándose sobre el corazón político de Michoacán, mientras la mayoría de los asistentes —indignados y sorprendidos— se retiraban al primer signo de caos.
Según reportes de autoridades estatales citados por SinEmbargo, detrás de los disturbios no habría ciudadanos espontáneos, sino liderazgos partidistas claramente identificados. Entre los promotores de la movilización se señala a Mauricio Hernández Salmerón y Raúl Meza Avance, integrantes del grupo Revolución Social, vinculado al PRI; al controvertido exmagistrado federal Froylán Muñoz, expuesto recientemente por Polemón por supuestas irregularidades; y a Alan Juárez, actual director de Preservación y Fomento al Arte Popular del Ayuntamiento de Morelia (2024–2027), afiliado al PAN.
La presencia de estos actores ha generado una alerta roja en el gobierno estatal. Para las autoridades, no se trata de una protesta genuinamente ciudadana, sino de un intento deliberado de politizar el dolor social. “Se investiga si hubo una estrategia para usar la indignación por el crimen de Manzo como plataforma de confrontación política”, señaló una fuente cercana al despacho del gobernador.
Las consecuencias fueron inmediatas: siete personas fueron detenidas, y los daños materiales al Palacio de Gobierno aún se cuantifican. Mientras, en Uruapan, el recuerdo de Carlos Manzo —un alcalde descrito como “valiente, humano y comprometido”— contrasta con la instrumentalización de su muerte en un escenario ajeno a su legado.
La Fiscalía de Michoacán ya abrió una línea de investigación para determinar el grado de coordinación entre los involucrados y si existió una planeación previa a los actos vandálicos. Mientras tanto, la ciudadanía se divide: unos exigen no manchar la lucha por justicia con violencia; otros cuestionan si los partidos opositores buscan desestabilizar al gobierno aprovechando una tragedia.
En medio del humo y las acusaciones, una pregunta persiste: ¿quién realmente representa al pueblo que clama justicia? Porque la verdadera voz de Uruapan no incendia palacios: exige transparencia, respuestas y paz.