En plena crisis con Lima, el gobierno de Sheinbaum justifica la concesión de asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, reafirmando una tradición histórica de protección a perseguidos políticos.
La mañana del 4 de noviembre de 2025, la conferencia matutina en Palacio Nacional se convirtió en escenario de una defensa firme y técnica del gobierno mexicano ante una de las decisiones más polémicas de su política exterior reciente: el otorgamiento de asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del Perú. La medida, que desató la inmediata ruptura diplomática con Lima, llegó tras la acusación de que Chávez participó en el fallido intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Ante la pregunta directa de Publimetro México, la presidenta Claudia Sheinbaum cedió la palabra a Roberto Velasco Álvarez, director general para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien se encargó de aclarar un punto crucial: el asilo político no es lo mismo que el refugio humanitario. “La cifra que menciona la OCDE corresponde al otorgamiento de refugio, que se tramita a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). El asilo político tiene un procedimiento diferente y otras consideraciones jurídicas”, explicó.
La distinción no es menor. Mientras el refugio se gestiona por vía administrativa a través de la Comar, el asilo político se analiza directamente en las embajadas mexicanas en el extranjero, con base en tratados internacionales y el principio de no devolución. En este caso, la solicitud fue presentada y resuelta en solo una semana, según confirmó Pablo Monroy Conesa, subsecretario para América Latina y el Caribe y exembajador en Perú: “Desde que fue presentada la solicitud hasta que fue resuelta el día de ayer transcurrió una semana, en la cual se analizó toda la información presentada por la solicitante”.
La reacción del gobierno de Dina Boluarte no se hizo esperar: ruptura total de relaciones diplomáticas. Pero México no retrocedió. Al contrario, reafirmó su postura con un argumento histórico: el país ha sido refugio de exiliados desde la Guerra Civil Española, pasando por líderes latinoamericanos perseguidos durante dictaduras del siglo XX, hasta hoy. “México mantiene una larga tradición de asilo político”, recordó el gobierno.
Los números respaldan el rol del país como actor clave en la protección internacional: según la OCDE, México es el sexto país del mundo en recepción de solicitudes de asilo y refugio. En 2024, registró 148,700 casos, un aumento acumulado del 92% en seis años. Sin embargo, el gobierno evitó precisar cuántas de esas solicitudes —especialmente las de asilo político— terminan siendo aceptadas.
Más allá de las cifras, el caso Betssy Chávez representa un delicado equilibrio: por un lado, la defensa inquebrantable del derecho internacional y la soberanía jurídica; por otro, el riesgo de aislamiento diplomático en América Latina. En medio de tensiones regionales, México reafirma que su política exterior se rige por principios, no por conveniencias.