En medio de una crisis diplomática sin precedentes, el gobierno de Sheinbaum reafirma que el asilo a Betsy Chávez es un acto soberano, humanista y plenamente legal, enraizado en una historia de protección a perseguidos políticos que va desde Trotski hasta Evo Morales.
La mañana del 4 de noviembre de 2025, Palacio Nacional se convirtió en una trinchera diplomática. Tras la decisión del gobierno de Dina Boluarte de romper relaciones diplomáticas con México por el otorgamiento de asilo político a Betsy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) salieron al paso con una defensa firme, jurídica y profundamente histórica.
“Estamos actuando de manera pacífica, con sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional”, afirmó Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte. Detalló que el asilo fue otorgado tras una evaluación conjunta con la Secretaría de Gobernación, considerando que Chávez ha denunciado violaciones a sus derechos procesales y persecución política. Además, recordó que el Artículo 11 de la Constitución mexicana y la Convención de Caracas sobre Asilo Político le otorgan a México el derecho soberano de determinar la naturaleza del delito y otorgar protección.
Crucialmente, Velasco citó una resolución de la Asamblea General de la ONU de 1967, que establece que el asilo político “nunca será considerado un acto inamistoso”. Por ello, México rechaza la ruptura diplomática de Perú, aunque mantiene los servicios consulares activos para proteger a sus ciudadanos.
La subsecretaria para América Latina, Raquel Serur, amplió el horizonte histórico: “México ha protegido a miles de personas perseguidas a lo largo de su historia”. Desde los refugiados españoles acogidos por Lázaro Cárdenas, hasta los opositores a las dictaduras del Cono Sur y los refugiados de los conflictos centroamericanos. Nombres como José Martí, León Trotski, Rigoberta Menchú, Evo Morales y hasta el Sha de Irán han encontrado en suelo mexicano un refugio. “El asilo no es un favor —dijo Serur—, es un derecho humano para quien lo solicita y un derecho soberano del Estado mexicano”.
Por su parte, Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur, contextualizó los casos de Pedro Castillo y Betsy Chávez. Recordó que Castillo, elegido democráticamente en 2021, enfrentó desde el inicio una campaña sistémica para anular su mandato, incluyendo esfuerzos legales para invalidar votos en zonas pobres del sur andino. Tras su fallido intento de disolver el Congreso —mientras aún tenía fuero—, fue detenido en un proceso que, según Monroy, violó reiteradamente sus derechos humanos.
Chávez, su ex primera ministra, enfrenta cargos de “rebelión”, un delito que múltiples legislaciones consideran político, lo que justifica plenamente el asilo. Monroy destacó que un tribunal peruano ya le concedió libertad condicional tras denuncias de abusos en su detención.
“México no ha intervenido en los asuntos internos del Perú”, enfatizó Monroy, y recordó que, incluso en 2022, cuando Perú declaró persona no grata al embajador mexicano, México no respondió con la misma medida. “Lo hacemos por el profundo amor y respeto que le tenemos al pueblo peruano”, concluyó.
En medio de tensiones, México no cede en su principio: el asilo es paz, no provocación; es memoria histórica, no improvisación; es humanismo con fundamento jurídico.