La Cancillería mexicana responde con firmeza al Congreso peruano: la concesión de asilo a Betssy Chávez fue un acto humanitario, no una intervención, y está plenamente amparada por el derecho internacional.
Ciudad de México — 7 de noviembre de 2025. En un comunicado contundente y jurídicamente sólido, el Gobierno de México rechazó de forma categórica la resolución del Congreso de Perú que declaró “persona non grata” a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no dudó en calificar la medida como “motivada por planteamientos falsos”, y subrayó que México “no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú”.
El origen de la polémica se remonta a la decisión del gobierno mexicano de conceder asilo político a Betssy Betzabet Chávez Chino, exjefa de Gabinete del depuesto presidente peruano Pedro Castillo. El Congreso limeño, dominado por fuerzas fujimoristas, interpretó este gesto como una “injerencia inaceptable” en sus asuntos internos. Pero la SRE desmontó esa narrativa con argumentos legales y principios históricos: “México tiene una larga tradición de refugio a perseguidos políticos”, recordó, evocando décadas de protección a exiliados de América Latina durante dictaduras del siglo XX.
La Cancillería fue aún más lejos: reafirmó que la concesión de asilo a Chávez se realizó “en estricto apego al derecho internacional aplicable”, un marco jurídico vinculante tanto para México como para Perú. “Esto no es una opinión, es una obligación derivada de tratados y convenciones internacionales”, señaló el comunicado, subrayando que el acto no responde a caprichos políticos, sino a compromisos asumidos ante la comunidad global.
Para reforzar su postura, la SRE citó un pronunciamiento clave de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “El asilo político es un acto pacífico y humanitario, que no puede ser considerado inamistoso por ningún otro Estado”. Con esta cita, México no solo defiende su soberanía diplomática, sino que coloca a Perú en una posición incómoda: la de ignorar estándares internacionales ampliamente reconocidos.
El mensaje también sirve como recordatorio de los principios fundacionales de la política exterior mexicana: no intervención, autodeterminación de los pueblos y respeto al derecho internacional. En un contexto regional donde las tensiones políticas amenazan la cooperación, México elige responder no con confrontación emocional, sino con rigor jurídico y dignidad institucional.
Mientras el Congreso peruano busca capitalizar políticamente el asilo como un “ataque” externo, la respuesta de México pone el foco donde debe estar: en el respeto a los derechos humanos, la protección a perseguidos y la defensa del orden jurídico internacional. En un mundo donde los refugiados políticos enfrentan cada vez más hostilidad, el acto de México no es solo legítimo: es necesario.