El Día que la Corte Dijo Basta: El Fin del Laberinto Legal de Grupo Salinas
En una jornada histórica que marca un antes y un después en la lucha contra la elusión fiscal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró este 13 de noviembre uno de los capítulos legales más prolongados y significativos en la historia tributaria reciente de México. Tras un laberíntico peregrinar jurídico de cinco años, los once ministros desecharon los últimos recursos de Grupo Salinas, confirmando que el empresario Ricardo Salinas Pliego y sus empresas deberán pagar al fisco más de 48 mil 326 millones de pesos por créditos fiscales, actualizaciones, recargos y multas.
La resolución no fue un acto aislado, sino el epílogo de una batalla legal librada a través de 102 recursos interpuestos por las empresas del magnate, que durante años retrasaron la resolución definitiva de los juicios. El origen del conflicto se remonta a impuestos sobre la renta correspondientes a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2012 y 2013, así como a la polémica posibilidad de deducir pérdidas por la venta de acciones.
El camino fue idéntico en todos los casos: las empresas acudieron primero a la autoridad administrativa mediante recursos de revocación, que les fueron negados. Luego, llevaron su batalla al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que confirmó la legalidad de los créditos fiscales. Ante cada derrota, el grupo intensificó su ofensiva legal, promoviendo juicios de amparo directo que también fueron desechados por los tribuneles colegiados. Su última carta fueron los recursos de revisión que, finalmente, llegaron al máximo tribunal del país.
Hoy, en distintos proyectos, las y los ministros coincidieron en un veredicto unánime: todos estos recursos carecían de “interés excepcional” y no presentaban cuestiones nuevas ni de relevancia constitucional, como la aplicación de reglas del régimen de consolidación fiscal. Con este criterio técnico y contundente, la Corte desechó una a una las impugnaciones.
El desglose de la derrota fiscal es elocuente. En una primera y monumental resolución, el pleno confirmó que Elektra debe pagar más de 33,300 millones de pesos, la deuda más grande del empresario. Le siguieron seis resoluciones más: una segunda contra Elektra por 1,431 millones; una tercera por 2,004 millones; una cuarta por 1,603 millones; una quinta contra TV Azteca por 2,447 millones; una sexta contra Elektra por 4,900 millones; y una séptima y última contra TV Azteca por 2,615 millones de pesos.
Aún quedan dos juicios pendientes en la Corte que podrían ser discutidos la próxima semana, pero el mensaje de este martes es claro e inequívoco. Con estas resoluciones, la Suprema Corte no solo salda una deuda millonaria, sino que reafirma su compromiso con la legalidad, la certeza jurídica y la correcta aplicación de las normas fiscales, fortaleciendo su papel como garante último de la justicia constitucional en México.