El Asedio Fiscal: La Nueva Ofensiva de Trump Contra los Inmigrantes Indocumentados
En una escalada de su cruzada antiinmigrante, la administración del presidente Donald Trump anunció este jueves una serie de medidas drásticas que buscan privar de beneficios fiscales a los extranjeros carentes de estatus legal y aumentar significativamente el escrutinio sobre las remesas que envían a sus países de origen. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue el encargado de dar a conocer estas disposiciones que representan el brazo ejecutor de la reciente orden de Trump de frenar la inmigración “de todos los países del tercer mundo”.
La crónica de esta nueva ofensiva comienza con la justificación económica que esgrime el gobierno estadounidense. Según Bessent, el objetivo consiste en excluir a inmigrantes y a “otros extranjeros que no califiquen” de las porciones reembolsables de créditos fiscales clave como el de ingreso por trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito de “oportunidad americana” y el crédito por aportaciones a cuenta de ahorro. Estas medidas, argumenta la administración, permitirán que las finanzas del gobierno se liberen de lo que califican como “una pesada carga”.
Pero el verdadero fundamento ideológico de estas disposiciones llegó directamente de la cuenta de X del presidente Trump, quien en un extenso hilo ofreció su particular diagnóstico del problema migratorio. “La población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas (según el censo), la mayoría de las cuales reciben asistencia social, provienen de países en crisis, o viven en prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga”, escribió el mandatario, mezclando datos cuestionables con generalizaciones estigmatizantes. Su mensaje se volvió aún más contundente al afirmar que “ellos y sus hijos reciben el apoyo de enormes pagos de ciudadanos estadounidenses patriotas que, por su nobleza, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera”.
Para ilustrar lo que considera una injusticia fiscal, Trump citó un ejemplo concreto: “Un inmigrante que gana $30,000 con una tarjeta de residencia recibirá aproximadamente $50,000 en beneficios anuales para su familia”. Bajo esta óptica, el presidente responsabiliza a la “población inmigrante real” -que según él es “mucho mayor” que las cifras oficiales- de ser “la principal causa de disfunción social en Estados Unidos”, enumerando problemas como “escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits”.
La ofensiva no se detiene en los beneficios fiscales. Bessent anunció que las remesas enviadas por inmigrantes a sus países de origen serán objeto de una minuciosa revisión dirigida a detectar “actividad sospechosa”. El secretario del Tesoro compartió una alerta emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) que, aunque reconoce que “la vasta mayoría de las remesas desde Estados Unidos son legítimas”, advierte sobre el riesgo de que “actores malignos han usado transferencias transfronterizas de pocos dólares para facilitar o cometer financiamiento terrorista”. Con estas medidas, la administración Trump cierra aún más el cerco alrededor de una comunidad inmigrante que se encuentra en el ojo del huracán.