La guerra antidroga en alta mar: Las balas del Comando Sur, las denuncias de Caracas y la disputa por el derecho internacional
El Caribe, otrora sinónimo de aguas turquesas y brisas tranquilas, se ha convertido en el escenario de una nueva y letal frontera en la guerra contra las drogas. Este martes, desde Washington, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, envió un mensaje contundente a los cárteles de narcotráfico: la campaña militar apenas comienza. “Apenas hemos empezado a golpear narcolanchas y a poner narcoterroristas en el fondo del océano”, declaró el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa junto al presidente Donald Trump. Sus palabras, dichas con frialdad, resumen una política de fuerza que ya ha dejado un reguero de cadáveres en el mar.
Hegseth justificó las acciones al asegurar que los cárteles “se apoderan de la comunidad” y que “millones de personas” en EE.UU. están siendo “envenenadas” por sus drogas. Criticando duramente a la administración de Joe Biden, a la que acusó de abordar el problema “con guantes de seda”, Hegseth anunció un cambio de táctica radical: “Nos estamos quitando los guantes (…) Estamos deteniendo las drogas”. Trump, por su parte, aportó una cifra para avalar la efectividad: aseguró que los bombardeos del Comando Sur en el Caribe han reducido en un 91% la cantidad de drogas que entran a EE.UU. por vía marítima.
Sin embargo, detrás de estas declaraciones triunfalistas hay un balance sombrío y controvertido. El Departamento de Guerra detalló que los múltiples ataques han afectado a 21 embarcaciones presuntamente narcotraficantes, con un saldo de 82 personas fallecidas, a quienes tildan de “narcoterroristas” sin presentar pruebas públicas. Es precisamente este punto el que ha desatado una tormenta diplomática y legal. Desde Caracas, el gobierno de Venezuela ha elevado su voz para denunciar lo que considera una grave violación del derecho internacional.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, acusó directamente a EE.UU. de cometer “ejecuciones extrajudiciales”. En una emotiva intervención, Rodríguez relató que la Asamblea Nacional se reunió con “familiares de venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente”. Fue más allá, citando a expertos en derecho internacional que consideran que, si estas muertes ocurrieran en una guerra declarada, podrían ser catalogadas como “crímenes de guerra”. “Nadie en pleno siglo XXI puede conformarse y constituirse en juez y parte que, al mismo tiempo, ejecute la pena de muerte de una persona sin el debido proceso”, declaró con indignación.
El contexto geopolítico añade más capas de complejidad. Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene un significativo despliegue militar frente a las costas de Venezuela bajo la operación “Lanza del Sur”, justificada como una lucha antidrogas. Washington ha acusado sin pruebas al presidente Nicolás Maduro de liderar un cártel y ha duplicado la recompensa por su captura. Maduro responde que el verdadero objetivo es un “cambio de régimen” para apoderarse de las riquezas energéticas venezolanas. Esta narrativa gana peso cuando organismos como la ONU y la propia DEA estadounidense señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia EE.UU., ya que más del 80% de las drogas circulan por la ruta del Pacífico.
La crónica que se dibuja es la de una política de “mano dura” que, mientras es celebrada en Washington por su supuesta efectividad, es condenada en foros internacionales por Rusia, Colombia, México y Brasil, además del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que califica los ataques como “ejecuciones sumarias”. Es el enfrentamiento entre la lógica de la seguridad nacional sin fronteras y el principio sagrado del debido proceso, con el mar Caribe como tribunal y tumba.