La otra cara del superávit: Niños que pierden sus terapias y adultos sin pensión en una Argentina que marcha por sus derechos
En un barrio de Argentina, una madre llama a puertas que no se abren. Mariel Rodera busca desesperadamente un terapeuta para su hijo León, de ocho años, diagnosticado con autismo. Necesita cuatro terapias semanales: fonoaudiología, psicología, psicopedagogía y terapia ocupacional. “Fue muy difícil conseguir profesionales y se demoró tres meses en poder comenzar”, relata. La historia de León no es única; es el rostro humano de una crisis que atraviesa a más de cinco millones de argentinos que viven con una discapacidad, el 12.9% de la población según el Censo 2022. Y en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este 3 de diciembre, miles de ellos marcharon hacia el Congreso en Buenos Aires con un mensaje claro: el plan de ajuste fiscal del presidente Javier Milei, bautizado “Motosierra”, está causando un “daño irreparable”.
Las cifras oficiales pintan un panorama ya de por sí desafiante antes de los recortes. De esos cinco millones, solo 1.855.978 personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), llave para acceder a derechos y prestaciones. Para quienes logran obtener una pensión por incapacidad laboral, el monto es de apenas 219.949,62 pesos argentinos al mes (unos 145 dólares), una cifra que queda por debajo de la canasta básica y la línea de pobreza. Sobre este suelo ya frágil, cayó la tijera del ajuste.
Ana Dones, referente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, resume la angustia: “Están dejando a los chicos sin sus terapias y a los adultos sin la pensión. El daño puede ser irreparable, por eso estamos desesperados”. Los recortes y una serie de auditorías pusieron en jaque el pago de pensiones y deterioraron las prestaciones. El presidente del Consejo Argentino para la Inclusión, Daniel Ramos, detalla a TRT Español que desde diciembre de 2024 “no se actualizan los montos de las prestaciones” y el último aumento fue del 0,5%, muy por debajo de la inflación. La consecuencia es directa: “Las familias empiezan a quedarse sin terapias o sin transporte”.
El gobierno implementó cambios que profundizaron el caos. Se habilitó la desregulación del sistema de salud, permitiendo a obras sociales y seguros privados fijar precios arbitrarios. Se emitió un decreto con cambios en los criterios médicos para otorgar certificados, que incluía terminología obsoleta y ofensiva como “idiota” o “débil mental”. Y se eliminaron más de 110.000 pensiones por supuestas “irregularidades”, en un proceso que organizaciones civiles denunciaron como inaccesible y con intencionalidad de dar de baja beneficiarios.
En el terreno, el impacto es tangible. “Los profesionales que atienden cobran muy poco dinero y reducen el tiempo de trabajo”, explica Rodera. Las sesiones de su hijo, que duraban una hora, ahora son de 30 minutos. Otros pacientes perdieron servicios de traslado. Guadalupe Bargiela, una joven ciega de 24 años y activista, vivió el despido de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Conseguir trabajo para una persona con discapacidad implica humillación, discriminación y desprecio”, dice, denunciando que se las ve como “objeto de cuidado” y no como profesionales.
Frente a la crisis, el Congreso intentó responder. En junio sancionó una ley que declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2027 para reforzar la protección. Sin embargo, Milei la vetó alegando prioridad al “equilibrio fiscal” y falta de especificación en el financiamiento. En septiembre, el Congreso reunió los votos para rechazar el veto, por lo que la ley está vigente, pero requiere reglamentación. Tras una derrota electoral, Milei prometió mejoras en el presupuesto 2026, incluyendo un aumento del 5% por encima de la inflación para pensiones. La polémica estalló con la filtración de audios que involucraban al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en un supuesto esquema de coimas. Milei lo despidió y defendió la honestidad de su gobierno.
Mientras la pelota política rebota, en la casa de Mariel Rodera el tiempo apremia. “Cada paso que damos es para que [León] pueda ser autónomo… Y para que eso ocurra en el futuro, en el presente debe tener asegurados sus derechos básicos: la escuela y las terapias”. La crónica de esta crisis es la de una lucha diaria entre números macroeconómicos —el superávit primario y la inflación reducida del 211% al 31.8% que pregona Milei— y el tiempo perdido de un niño en una sesión de terapia que ya no puede pagarse.