La defensa del derecho humanitario frente a la presión política: México traza una línea en la OEA para proteger el asilo diplomático
En la solemne sala del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la voz de México resonó este 3 de diciembre con una claridad y firmeza que buscaba zanjar un debate cargado de implicaciones políticas. La representante permanente ante el organismo, Luz Elena Baños Rivas, tomó la palabra en una sesión extraordinaria para defender no solo una decisión nacional, sino uno de los pilares del derecho internacional regional: la figura del asilo diplomático. Su intervención fue una respuesta directa a la solicitud del Gobierno de Perú de revisar la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, un movimiento que muchos interpretan como una reacción al otorgamiento de asilo por parte de México a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez.
Desde el inicio, Baños Rivas estableció la postura mexicana en términos históricos y de principios. Reiteró que el asilo diplomático es “un pilar histórico de protección a la dignidad humana en la región” y que México “ha estado siempre a la vanguardia en el ejercicio de este derecho”, arraigado en su “profunda vocación humanista”. Sin embargo, su discurso pronto viró hacia una defensa técnica y jurídica contundente. La embajadora advirtió que la OEA no es el foro competente para revisar, reinterpretar o modificar un tratado internacional como la Convención de Caracas, cuestionando abiertamente si la reunión obedecía a un “interés jurídico hemisférico” o a un “intento de resolver un caso particular” entre dos Estados.
Para sustentar su posición, Baños Rivas expuso tres consideraciones jurídicas fundamentales, cada una un golpe a la propuesta peruana. Primero, recordó un principio básico del derecho internacional: no se puede revisar un tratado sin la presencia y consentimiento de todos los Estados parte, ni menos hacerlo aquellos que ni siquiera son parte del acuerdo. “Mientras que en este espacio se le da voz a quienes son ajenos al tratado, impide que quienes sí tienen este derecho se pronuncien al respecto”, sentenció, tachando la iniciativa de “inviable” en términos jurídicos.
Segundo, señaló la improcedencia temporal de la convocatoria. La sesión para “revisar” las reglas se produjo después de que México otorgó el asilo y solicitó el salvoconducto (que sigue pendiente), lo que consideró contrario al principio de irretroactividad. “El Derecho Internacional no puede revisarse ni ajustarse cada vez que un Estado no está de acuerdo con su aplicación en un caso específico”, argumentó, añadiendo que “La vigencia del derecho no puede invocarse cuando las circunstancias son favorables y cuestionarse cuando son adversas”.
Tercero, elevó la discusión a un plano de derechos humanos. Advirtió que las normas de asilo “no son formalidades” y que su incumplimiento puede conllevar violaciones graves a derechos humanos. Flexibilizarlas o aplicarlas selectivamente, dijo, “debilita la arquitectura que rige las relaciones entre Estados en la región”. La postura peruana, presentada por el canciller Hugo de Zela, argumentaba que el asilo fue creado para proteger a perseguidos políticos y no para “blindar a personas con sentencias o investigaciones por delitos comunes”, refiriéndose al caso Chávez.
La crónica de esta sesión es la de un México que se posiciona como guardián de la tradición humanitaria y la legalidad internacional frente a lo que percibe como un intento de politizar y debilitar un instrumento clave. Baños Rivas cerró con una advertencia solemne: “La historia juzga no sólo lo que decimos y hacemos, sino los motivos detrás de nuestras acciones”. Para México, este no era solo un debate sobre un caso, sino un “momento decisivo” para la OEA, donde estaba en juego el fortalecimiento del estado de derecho internacional. La línea estaba trazada: no a la revisión, sí al diálogo, pero siempre en estricto apego a los principios vigentes.