La batalla por el agua: La presidenta arremete contra la oposición y defiende una reforma que busca acabar con el mercado ilegal del recurso
En un tono inusualmente directo y combativo, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó este lunes un duro ataque contra el Partido Acción Nacional (PAN) desde La Mañanera del Pueblo. La mandataria calificó de “total ignorancia” la postura pública del partido opositor respecto a la recién aprobada Ley de Aguas Nacionales, específicamente frente a su afirmación de que la reforma “atenta contra la propiedad privada”. Con esta declaración, Sheinbaum no solo defendió la iniciativa, sino que elevó el debate a un nivel constitucional y de principios.
“Lo primero, no han leído la Constitución”, afirmó con contundencia la presidenta, señalando el meollo de su argumento. “El agua es un recurso natural que es un bien de la Nación, eso está en la Constitución del 17, porque ellos dicen que se atenta contra la propiedad privada del agua, lo que dice la Constitución es que se puede concesionar”, recalcó. Para Sheinbaum, la oposición confunde un derecho de uso (la concesión) con un derecho de propiedad absoluto, ignorando la naturaleza del agua como bien nacional desde la Carta Magna de 1917.
La presidenta procedió a desglosar con ejemplos concretos lo que, según ella, la reforma sí busca cambiar: ordenar y transparentar el sistema de concesiones para evitar abusos y un mercado ilegal. Explicó un caso emblemático de distorsión: concesiones otorgadas para uso agrícola que se venden junto con terrenos que luego se destinan a desarrollos habitacionales, sin notificar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esto permite que los nuevos dueños mantengan tarifas preferenciales de riego (muy bajas) aunque usen el agua para fines residenciales (de mayor valor). La nueva ley, dijo, obliga a notificar el cambio de uso para que Conagua otorgue una nueva concesión de manera “expedita, rápida y transparente”, pero ajustando la tarifa al uso real y garantizando que el Estado sepa a dónde va el recurso.
Otro abuso que busca corregir, según Sheinbaum, es el de los distritos de riego que casi no siembran. “Imagínese, 100 agricultores que tienen una concesión de agua, no pagan por esa concesión, casi no siembran y se vuelven millonarios, porque en 100 millones de pesos le venden esa agua a un municipio”, cuestionó. “¿Por qué el municipio le tiene que pagar a 10 personas el agua que es de todos?”. La reforma, insistió, no quita concesiones, pero regula estas prácticas para evitar el enriquecimiento privado con un recurso público.
La defensa presidencial resonó con los desmentidos que días antes había hecho el titular de Conagua, Efraín Morales López, quien enumeró una lista de “mentiras” que, según él, se difunden para generar miedo. Entre ellas: que no se podrá heredar o vender un terreno con su concesión (falso, está garantizado), que se criminaliza al pequeño productor (las sanciones son para acaparadores como el exgobernador César Duarte), que se regulará la captación de lluvia (se incentiva, solo se regulan grandes infraestructuras), o que Conagua retirará títulos (los derechos vigentes están protegidos).
La crónica de esta mañanera es la de un gobierno en pie de guerra discursiva por una de sus reformas emblemáticas. Sheinbaum no eligió el camino del diálogo técnico con la oposición, sino el del desprecio ilustrado: acusó al PAN de ignorar la Constitución y de defender, implícitamente, un sistema que permite a unos cuantos “beneficiarse de manera personal por un recurso que es de la nación, a costa de muchos millones que no tienen”. Es una batalla donde el agua no es solo un recurso, sino un símbolo de la disputa entre una visión de bien público (el gobierno) y una de derechos de propiedad absolutos (la oposición, según el relato oficial).